Bogotá (AFP) – El Estado de Colombia fue condenado este miércoles por el atentado al club bogotano El Nogal, el mayor ataque urbano de la disuelta guerrilla FARC, que hace quince años dejó 36 muertos, informó un alto tribunal.
El Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, indicó en un comunicado que halló la «responsabilidad administrativa y patrimonial» de la nación «por la muerte y lesiones ocasionadas por la explosión de un carro bomba en las instalaciones del club».
«Se enfatizó que el estado de conmoción decretado y la difícil situación de orden público que por esos días se vivía en el país obligaban a las autoridades a extremar medidas para garantizar la seguridad y protección debida a la población civil», agregó.
En ese sentido, los magistrados ordenaron la «indemnización de perjuicios morales y materiales» a los demandantes cuyo número no fue precisado, como tampoco el monto que recibirán.
Además, el Estado deberá organizar un acto público de desagravio y la instalación de una obra de arte en las inmediaciones del club como medida de reparación y no repetición.
Al resolver una demanda, el tribunal concluyó que la Fiscalía, la desaparecida agencia de inteligencia DAS, la policía y los ministerios de Defensa, Justicia e Interior expusieron a los civiles al conflicto con la exguerrilla comunista.
El Consejo de Estado argumentó que en las instalaciones del exclusivo club social se realizaron reuniones de altos funcionarios «con fines institucionales» y que incluso la ministra de Defensa de la época y actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, durmió en el lugar.
Además, añadió el tribunal, la Fiscalía y el DAS «se abstuvieron de dar pronto trámite y verificación» a informaciones que apuntaban a la inminencia de un ataque «de gran magnitud» en Bogotá y que incluso señalaban a El Nogal como posible blanco.
Las FARC, que fueron la guerrilla más poderosa de América, se desarmaron y transformaron en partido tras suscribir un histórico acuerdo de paz a finales de 2016 con el gobierno.
La exguerrilla ha reconocido su autoría en el atentado de la noche del 7 de febrero de 2003 y además lo catalogó como «la mayor equivocación» en 53 años de fallida lucha armada.
Los rebeldes han justificado el ataque por la feroz arremetida gubernamental ordenada por el presidente Álvaro Uribe (2002-10) y en su sospecha de que allí se coordinaban acciones contrainsurgentes con los paramilitares de ultraderecha.
Los exguerrilleros deberán responder por este y otros delitos en el sistema de justicia de paz acordado en el pacto, que prevé penas alternativas a la prisión desde que los excombatientes se comprometan a no volver a delinquir, decir la verdad y reparar a las víctimas.
