Santiago (Chile) La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha lanzado una seria advertencia: la concentración del ingreso en América Latina sigue siendo extrema. Esto representa un fenómeno estructural y multidimensional que atrapa a la región en un ciclo de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social.
En su informe anual, Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, el organismo regional de las Naciones Unidas reveló que el 10% más rico de la población capta el 34,2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre apenas alcanza el 1,7%.
Este desequilibrio no solo es preocupante, sino que sitúa a América Latina y el Caribe con el coeficiente de Gini promedio más alto de todas las regiones del mundo, superando en 14 puntos porcentuales al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), siendo solo inferior a una subregión de África (subsahariana).
A pesar de esta alarmante concentración de riqueza, el informe muestra un progreso significativo, aunque frágil, en la lucha contra la pobreza monetaria. La incidencia de la pobreza por ingresos se situó en el 25,5% de la población latinoamericana en 2024, lo que equivale a 162 millones de personas.
Este valor constituye el nivel más bajo desde que existen datos comparables y representa una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto a 2023 y más de 7 en comparación con el pico de 2020, en plena pandemia de COVID-19. La reducción regional de la pobreza en 2024 se explica principalmente por los resultados de México y, en menor medida, de Brasil. No obstante, la CEPAL proyecta solo una leve reducción adicional para 2025 debido a las limitadas perspectivas de crecimiento económico regional.
En cuanto a la pobreza extrema, esta afectó al 9,8% de la población (62 millones de personas) en 2024, una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior, pero sigue siendo 2,1 superior a la tasa mínima histórica registrada en 2014.
La desigualdad va más allá del ingreso, manifestándose de manera crítica en áreas como la educación y el empleo, lo que limita severamente la movilidad social intergeneracional. La CEPAL ha desarrollado un índice bidimensional de desigualdad de oportunidades educativas, combinando cobertura y resultados de aprendizaje.
Aunque este índice ha disminuido en casi todos los países, el promedio latinoamericano más que duplicaba al de la OCDE en 2022. La falta de culminación de la educación secundaria es un obstáculo masivo: el 28% de los jóvenes de 20 a 24 años no había terminado la secundaria en 2023, con una brecha abismal de 37 puntos porcentuales entre los quintiles de ingresos extremos.
El rezago educativo en habilidades básicas también es notorio: el 71,2% de los estudiantes de 15 años en 2022 no alcanzó competencias básicas en matemáticas, cifra que se dispara al 86,7% en el cuartil socioeconómico inferior. Además, el 77% de los estudiantes de 15 años de escuelas públicas de la región no logró el nivel mínimo en matemáticas, frente al 46% de las escuelas privadas.
El panorama laboral tampoco ofrece un camino fácil para la superación de la pobreza, caracterizado por ser un mercado poco dinámico, segmentado y excluyente, donde la alta informalidad afecta al 47% de las y los ocupados.
La formalización del empleo se presenta como una estrategia poderosa, con estimaciones que indican que podría reducir la pobreza entre las personas ocupadas del 14,9% al 8,6%, y disminuir la desigualdad de los ingresos laborales (el coeficiente de Gini pasaría del 0,472 al 0,406).
A nivel multidimensional, la pobreza también ha registrado un descenso, pasando del 34,4% de la población en 2014 al 20,9% en 2024, principalmente debido a mejoras en vivienda y servicios. Sin embargo, la pobreza multidimensional afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, residentes de zonas rurales, y, notablemente, a las mujeres: por cada 100 hombres con privación multidimensional, hay 122 mujeres en la misma situación.
Esta disparidad se ve agravada por la sobrecarga de trabajo no remunerado que limita la participación de las mujeres jóvenes en la educación, el mercado laboral y la esfera pública.
Para salir de esta compleja «trampa», el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó que el organismo ha identificado siete factores generadores de la trampa y propone cinco estrategias esenciales.
La primera estrategia se centra en reducir la desigualdad educativa, proponiendo medidas como invertir en la primera infancia, universalizar la educación secundaria, prevenir el abandono escolar, e implementar políticas de inclusión para grupos desfavorecidos.
La segunda estrategia es la creación de empleos de calidad, lo que implica combinar políticas de desarrollo productivo, mercado laboral, protección social y sistemas de cuidados.
La tercera busca avanzar en la igualdad de género y la sociedad del cuidado, reconociendo el impacto limitante del trabajo no remunerado.
La cuarta estrategia es enfrentar la discriminación y el irrespeto a los derechos humanos de grupos específicos, como personas con discapacidad, pueblos indígenas y migrantes, quienes enfrentan mayores barreras. Por ejemplo, menos del 40% de las personas con discapacidad de 15 a 59 años forma parte de la fuerza de trabajo, en contraste con el 75% de las personas sin discapacidad en el mismo rango de edad.
Finalmente, la quinta estrategia se enfoca en seguir fortaleciendo la institucionalidad social y su financiamiento. El informe destaca el aumento en el número de países con un Ministerio de Desarrollo Social (de 10 en 1995 a 23 en 2025), aunque este avance se considera insuficiente. Es crucial robustecer las capacidades institucionales técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) de las entidades encargadas de las políticas sociales.
En términos de financiación, el gasto social del gobierno central en 2024 alcanzó el 11,6% del PIB en América Latina y el 11% en el Caribe, niveles similares a 2023. El gasto público social per cápita alcanzó un promedio de 1.326 dólares en 2024, un incremento del 2,9% respecto a 2023, superando los niveles prepandemia, aunque existen diferencias marcadas.
En América del Sur, el gasto social per cápita se redujo un 1,4% en promedio en 2024, mientras que Centroamérica, México y República Dominicana vieron un aumento del 4,1% y el Caribe experimentó una gran expansión del 7%.
La CEPAL reitera que la región debe redoblar sus esfuerzos para cumplir con los compromisos de desarrollo social y escapar de esta trampa estructural.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press.
