Managua (AFP) – Una fuerte condena internacional recibió este domingo el gobierno de Daniel Ortega tras la represión a una protesta opositora y el arresto de 30 líderes y defensores de derechos humanos, que se manifestaban en el marco del movimiento antigubernamental que deja más de 320 muertos desde abril.
La marcha, convocada bajo el eslogan «Unidos por la libertad», fue reprimida por la policía con bombas aturdidoras, golpes y arrestos.
El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; y organismos internacionales de derechos humanos pidieron el «cese de la represión» y la liberación de las personas detenidas.
«Exigimos al gobierno #Nicaragua libere a manifestantes retenidos, respete el derecho a la protesta pacífica en el país y cese la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil», escribió Almagro en Twitter.
«Profundamente preocupantes las detenciones de esta mañana en Nicaragua. La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar», dijo también en esa red social el presidente Alvarado.
La cancillería costarricense señaló además en un comunicado que la situación de Nicaragua «afecta directamente» a esa nación en lo migratorio, social, económico y humanitario, por lo que solicitó a la comunidad internacional «su mediación» para restablecer el diálogo entre gobierno y oposición, suspendido desde junio.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, denunció en Twitter «inaceptables actitudes represivas y autoritarias» este domingo en Nicaragua. Un «estado de excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos», dijo.
«Qué triste e indignante que se produzcan otra vez hoy en Nicaragua actos de represión de la Policía contra la población que se manifiesta pacíficamente. ¡La represión no es la solución! ¡Basta ya de detenciones arbitrarias», expresó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
También se pronunciaron contra lo ocurrido el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) y Amnistía Internacional.
La Policía informó que 30 personas, entre manifestantes y líderes de organizaciones fueron detenidas. Se les responsabiliza de convocar a una marcha sin el debido permiso. Otras ocho ya fueron liberadas.
Entre los detenidos está el costarricense Alejandro Cordero, cuya condición jurídica fue demandada por la cancillería costarricense.
En tanto, la defensora de derechos humanos Haydee Castillo fue bajada de un avión cuando intentaba viajar y recluida en la cárcel de El Chipote, en Managua, según familiares.
Castillo había denunciado una serie de hostigamientos de parte de autoridades y tiene medidas cautelares dictadas por la CIDH.
– Golpeados y arrastrados –
«No disparen», «libertad», gritaron los manifestantes a los agentes que los rodearon en el estacionamiento de un centro comercial, donde apenas se estaban agrupando para iniciar la marcha.
Hombres y mujeres, algunos personas mayores, fueron golpeados y arrastrados por la calle para luego ser subidos a patrullas de la policía.
Algunos periodistas también recibieron golpes y fueron retenidos pero luego les dejaron ir, según denunciaron medios de comunicación independientes.
«No respetan a nadie, ni a (personas) mayores ni a niños. Eso demuestra que hay una escala superior de represión», declaró Azhalea Solís, dirigente de la Alianza Cívica de grupos sociales, empresarios y estudiantes.
La policía anunció el sábado que no iba a permitir marchas sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlas.
Ante la manifestación del domingo, cientos de agentes antimotines fueron desplegados a primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha entre dos rotondas.
Pero seguidores del gobierno ocuparon las rotondas, según voces oficiales para honrar el legado de monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado este domingo por el papa Francisco.
«No vamos a pedir permiso para marchar (…) Hemos visto que es la misma policía y los paramilitares los que hacen actos vandálicos para culpar a manifestantes», dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.
Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social pero, tras la violenta represión -que hasta ahora deja 320 muertos-, los manifestantes comenzaron a exigir la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
