Los Ángeles (California).- La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles emitió una citación formal bajo el Título 8 al Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles, exigiendo los registros del Programa de Asistencia Económica para Inmigrantes (CAPI).
Este programa estatal, exclusivo de California, proporciona beneficios en efectivo a inmigrantes que, por su estatus migratorio, no son elegibles para recibir el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) de la Administración del Seguro Social.
La medida marca una nueva escalada en las políticas de control migratorio impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump, con el objetivo declarado de frenar el acceso de inmigrantes indocumentados a fondos públicos.
La citación, emitida a mediados de abril de 2025, exige información detallada desde enero de 2021 hasta la fecha actual, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, copias de solicitudes, estatus migratorio y declaraciones juradas de quienes han solicitado el beneficio.
Según HSI, la intención es determinar si individuos sin autorización legal para residir en Estados Unidos han recibido beneficios públicos para los que no califican, lo que podría constituir una violación federal.
En el centro de esta polémica se encuentra la aparente contradicción entre las leyes federales y los programas sociales estatales que, como el CAPI, operan con fondos del estado de California.
La citación ha sido acompañada por un discurso enérgico por parte de figuras clave de la administración.
«Los políticos de izquierda radical en California priorizan a los inmigrantes indocumentados sobre nuestros propios ciudadanos, incluso al otorgarles acceso a beneficios en efectivo», Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
En la misma línea, afirmó que el gobierno federal está comprometido a identificar y eliminar los abusos del sistema, y que la entrega de beneficios públicos a personas sin estatus migratorio regular no será tolerada.
Esta acción se enmarca en el Memorando para Prevenir que los Extranjeros Indocumentados Obtengan los Beneficios de la Ley del Seguro Social, firmado por el presidente Trump el 15 de abril de 2025.
El documento ordena a varias agencias federales, incluyendo los Departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Salud y Servicios Humanos, así como a la Administración del Seguro Social y al Departamento de Justicia, trabajar conjuntamente para evitar que los inmigrantes sin autorización accedan a recursos públicos.
El memorando también permite tomar acciones civiles o penales contra estados y localidades que, según el gobierno federal, violen lo que dice la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad Laboral (PRWORA), una ley federal importante para controlar el gasto público en inmigrantes.
Según cifras divulgadas por la administración, más de dos millones de inmigrantes indocumentados obtuvieron un número de Seguro Social durante el año fiscal 2024, situación que Trump ha prometido revertir como parte de su campaña para «priorizar a los estadounidenses».
La respuesta en California no se ha hecho esperar. David Huerta, presidente de SEIU California y SEIU-USWW, una organización sindical con marcada presencia en comunidades inmigrantes, denunció lo que calificó como una campaña de intimidación.
«La campaña de Donald Trump para infundir miedo en las comunidades inmigrantes encontrará una férrea oposición aquí en California. El gobierno federal no tiene derecho a dictar cómo nuestro estado decide utilizar los fondos estatales para combatir la pobreza».
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes también han levantado su voz. El Immigrant Legal Resource Center, a través de su cuenta en X, expresó que «estas acciones socavan la dignidad y los derechos de las comunidades inmigrantes». La organización subraya que el CAPI se destina únicamente a inmigrantes legales en situaciones vulnerables –mayores de edad, personas ciegas o discapacitadas– que no califican para el SSI debido a su estatus migratorio, pero que residen legalmente en el país.
A pesar de ello, la citación federal está siendo interpretada como una advertencia clara: el gobierno de Trump busca identificar cualquier fisura en la administración de beneficios estatales que pueda permitir a personas sin documentación acceder a asistencia económica. Aunque la acción se centra actualmente en el condado de Los Ángeles, desde el gobierno federal se ha sugerido que esta es solo la primera de muchas medidas similares por venir.
