Washington (DC).- Dos empresarios fueron arrestados el 13 de junio de 2025 por cargos federales vinculados a una trama internacional de evasión de sanciones, contrabando y lavado de dinero.
Juan Carlos Cairo Padrón, de 56 años, residente de Huntsville, Texas, y Thomas Michael Fortinberry, de 51, originario de Decatur, Alabama, fueron detenidos tras una investigación del Departamento de Justicia que los acusa de comerciar ilegalmente con entidades sancionadas del gobierno venezolano.
Ambos comparecen hoy ante una corte federal del Distrito Sur de Texas.
Según la denuncia penal presentada, Cairo, ciudadano venezolano con residencia legal permanente en Estados Unidos, y Fortinberry, ciudadano estadounidense, operaron durante años una red comercial que canalizó bienes industriales hacia empresas estatales venezolanas sujetas a sanciones estadounidenses.
Utilizando compañías pantalla en Estados Unidos y el extranjero, además de cuentas bancarias internacionales, los acusados supuestamente ocultaron el verdadero destino de productos como catalizadores químicos, equipos industriales y servicios técnicos.
Entre los principales beneficiarios de esta operación se encuentra el Complejo Siderúrgico de Guayana S.A. (COMSIGUA), una empresa estatal venezolana dedicada a la producción de acero. Esta compañía figura en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos, lo que impide que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen negocios con ella sin una licencia específica del gobierno.
Sin embargo, las autoridades alegan que Cairo y Fortinberry, actuando a través de empresas que controlaban como «DRI Reformers» y «Reformer Technologies», lograron mover millones de dólares en bienes y servicios hacia COMSIGUA entre 2022 y 2025.
Una de las tácticas utilizadas fue el envío de productos desde China directamente a Venezuela, aprovechando proveedores chinos que servían de intermediarios. En al menos un caso, los bienes fueron enviados directamente desde Estados Unidos, violando así las restricciones impuestas por el régimen de sanciones.
Además, los acusados orquestaron una compleja red financiera internacional para mover fondos entre bancos en Estados Unidos, España y China. Estas transacciones implicaban a empresas en Alemania, España y China, con el objetivo de ocultar la identidad de los beneficiarios finales y el origen de los fondos.
El Departamento de Justicia acusa a los empresarios de tres delitos federales: violación de sanciones estadounidenses, contrabando de bienes desde Estados Unidos y lavado de dinero. De ser hallados culpables, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por los primeros dos cargos, y hasta 10 años por el de contrabando.
La sentencia final será determinada por un juez federal, quien tomará en cuenta las directrices de sentencias y otros factores legales.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) y del Servicio de Investigación Criminal de Defensa. La fiscalía está siendo liderada por los fiscales Adam P. Barry y Yifei Zheng de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional, junto con los fiscales S. Mark McIntyre y John Marck del Distrito Sur de Texas. También colaboró en el caso el abogado Christopher Magnani.
Cabe destacar que una denuncia penal no implica una condena automática. Todos los acusados gozan del principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.
Este caso subraya la atención que el gobierno estadounidense mantiene sobre las redes de comercio internacional que intentan eludir las sanciones económicas impuestas a países como Venezuela, cuya administración ha sido objeto de múltiples restricciones debido a preocupaciones sobre corrupción, violaciones de derechos humanos y deterioro del estado de derecho.
