Washington (DC).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, anunció este lunes la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua.
La medida, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal el 8 de julio, afectará directamente a unos 76.000 migrantes, incluidos 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que residen legalmente en Estados Unidos desde 1999, tras el devastador paso del huracán Mitch.
La decisión, que sigue la línea dura del gobierno de Donald J. Trump respecto a la temporalidad del TPS, se justifica en una supuesta mejora de las condiciones en ambos países.
Según Noem, tanto Honduras como Nicaragua han superado los impactos del desastre natural ocurrido hace casi tres décadas, por lo que «ya no cumplen con los requisitos estatutarios» para mantener el beneficio.
El DHS ha ofrecido un programa de salida voluntaria que incluye un boleto de avión gratuito, un bono de $1,000 dólares y el uso de la aplicación CBP Home para gestionar el retorno. Esta propuesta busca facilitar el retorno ordenado y seguro, al tiempo que mantiene la posibilidad de futuras vías legales de inmigración.
No obstante, para muchos, el panorama no es tan sencillo.
Las críticas no se hicieron esperar. Organizaciones proinmigrantes, miembros del Congreso y representantes de la comunidad tepesiana han calificado la medida como “cruel” e “imprudente”.
La senadora Jacky Rosen (Nevada) declaró que el «TPS ha protegido a personas que han vivido en EE. UU. por más de 25 años, han contribuido a la economía y formado familias. Esta decisión las expone a condiciones potencialmente inseguras»
Desde Tegucigalpa, el Gobierno de Honduras reaccionó con pesar. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, expresó su desacuerdo con la cancelación y lamentó que la decisión no refleje el estado actual de la relación bilateral.
El gobierno hondureño recordó que desde el inicio de la gestión de la presidenta Xiomara Castro se solicitó formalmente una extensión del TPS tanto a las administraciones de Joe Biden como de Donald Trump. Además, destacó que ha mantenido un diálogo activo con actores clave en EE. UU., incluyendo miembros del Congreso, organizaciones civiles y académicas.
En una postura más conciliadora, la cancillería hondureña señaló que la Secretaría de Seguridad Nacional encuadra la medida como una cuestión legal y humanitaria, recordando que el TPS fue siempre un beneficio temporal ante situaciones extraordinarias, como la crisis humanitaria provocada por Mitch en 1998.
Aun así, resaltaron que Honduras ha sido «un socio ejemplar» para la administración Trump.
Para asistir a los afectados, el Gobierno de Honduras ha ampliado su red consular en Estados Unidos a 18 oficinas, las cuales ya están ofreciendo orientación migratoria, asistencia legal y acompañamiento en el proceso de retorno o en la exploración de opciones alternativas.
Asimismo, se reconoció la labor incansable de la comunidad tepesiana, que por años ha contribuido al desarrollo económico tanto en Estados Unidos como en su país de origen, mediante el envío de remesas que representan un pilar de la economía nacional.
El comunicado oficial también recordó que en 2018, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, el TPS fue cancelado por primera vez, pero se logró revertir en 2023 gracias a gestiones diplomáticas. El Gobierno actual reafirmó su compromiso de seguir abogando por soluciones migratorias justas y sostenibles, en coordinación con autoridades estadounidenses.
En el caso de Nicaragua, el DHS afirmó que, tras consultar con diversas agencias y revisar los informes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y del Departamento de Estado, se concluyó que el país ha mejorado lo suficiente como para recibir a sus ciudadanos de forma segura. La administración nicaragüense, sin embargo, no ha emitido comentarios inmediatos tras el anuncio.
«El Estatus de Protección Temporal (TPS) nunca estuvo previsto para durar un cuarto de siglo», declaró un portavoz del DHS con respecto al caso de Nicaragua.
«El impacto del desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no existe. La situación ambiental ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos nicaragüenses puedan regresar a casa con seguridad. Esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema migratorio y garantiza que el TPS siga siendo temporal».
