Congreso hondureño aprueba rebaja a las penas por corrupción
Juan Jiménez Mayor, jefe dela Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en rueda de prensa para anunciar el aplazamiento de la extradición a EEUU de la expresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por cargos de drogas, el 8 de junio de 2017. © AFP ORLANDO SIERRA

Tegucigalpa (AFP) – El Congreso hondureño aprobó rebajar las penas por corrupción en un nuevo Código Penal concebido para reforzar la lucha contra el crimen organizado, denunció este lunes la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

«Alertamos sobre problemas de reducción de penas a delitos de corrupción. Mala señal para el país», advirtió el peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de la MACCIH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), en su cuenta de Twitter.

El diputado opositor Rasel Tomé explicó a la AFP que, en una rectificación del acta de la sesión del 8 de agosto, el Congreso aprobó por mayoría la reducción de las penas sin que trascendiera a la prensa.

«Es una práctica gansteril del partido oficialista porque el artículo 475 se había aprobado con penas de nueve a doce años de cárcel para los delitos de malversación de caudales públicos, y en la rectificación del acta los dejaron de seis a nueve», detalló Tomé.

En la modificación se estableció una pena de cuatro a seis años de cárcel para el delito de enriquecimiento ilícito, cuando se había aprobado con penas de seis a nueve años.

La reducción de las penas fue propuesta por el diputado oficialista Agapito Rodríguez, cercano al presidente Juan Orlando Hernández, según el opositor.

El Congreso indicó en un comunicado que «las penas establecidas en el nuevo Código Penal que está en discusión (…) son mayores a las que contempla la legislación vigente» y «surgieron de un proceso de consulta con los especialistas».

Añadió que la normativa recién aprobada contempla penas por corrupción de seis a nueve años si lo malversado supera los 100.000 lempiras (unos 4.500 dólares), y de hasta 12 años si involucra bienes de valor histórico y de primera necesidad, salud o previsión social.

La renovación del Código Penal apunta a reforzar la lucha contra el crimen organizado, que tiene a Honduras con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con cerca de 60 por cada 100.000 habitantes.