Washington (DC).- En un movimiento que reaviva el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 29 de mayo una lista oficial de jurisdicciones designadas como «ciudades santuario», acusándolas de obstruir la aplicación de leyes federales de inmigración y de poner en peligro la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Esta acción se produjo un mes después de que el presidente Donald J. Trump firmara una orden ejecutiva el 28 de abril de 2025, dirigida a reforzar la supremacía federal en materia migratoria y nacional.
La orden ejecutiva instruye a la secretaria del DHS, Kristi Noem, y a la fiscal general, Pam Bondi, a identificar y denunciar públicamente a los estados, condados y ciudades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales en cuestiones migratorias. Según el gobierno federal, estas jurisdicciones estarían albergando a inmigrantes ilegales con antecedentes penales y desafiando directamente la ley federal.
«Estos políticos de ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a nuestras fuerzas del orden para proteger a criminales ilegales violentos», declaró Noem al anunciar la lista. El DHS exige que las jurisdicciones señaladas revisen y modifiquen sus políticas para cumplir con las leyes federales y priorizar la protección de los ciudadanos estadounidenses.
La orden presidencial enfatiza que el gobierno federal posee autoridad plena sobre inmigración y que esta potestad es clave para proteger la soberanía nacional. Cita los artículos II y IV de la Constitución para respaldar el uso de poderes ejecutivos en la defensa de las fronteras y la seguridad del país. El texto acusa a la administración anterior de permitir una entrada masiva de inmigrantes ilegales y denuncia una supuesta insurrección legal por parte de funcionarios estatales y locales que desafían la legislación migratoria federal.
Además de la publicación de la lista, el decreto contempla sanciones financieras a las jurisdicciones que se nieguen a rectificar. El DHS y el Departamento de Justicia podrán recomendar la suspensión o cancelación de fondos federales a estas entidades, además de emprender acciones legales por violaciones a los códigos penales federales.
También se contempla impedir que inmigrantes ilegales en estas jurisdicciones reciban beneficios federales y se ordena revisar leyes locales que puedan favorecer a inmigrantes sobre ciudadanos estadounidenses, como las que otorgan matrícula universitaria reducida a indocumentados.
Sin embargo, la medida ha generado una ola de reacciones divergentes. Algunos alcaldes, como Malik Evans, de Rochester, han rechazado categóricamente la inclusión de su ciudad en la lista. Evans argumentó que Rochester cumple con la ley federal y que su política de “ciudad acogedora” no representa una infracción.
«Estamos listos para defendernos legalmente, como ya lo hicimos durante el primer mandato de Trump», afirmó.
Por su parte, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, negó que su ciudad sea santuario y explicó que no controla las cárceles locales, un factor clave en la cooperación con ICE.
«No somos una ciudad santuario. Somos una ciudad acogedora. No vamos a traicionar a nuestras comunidades inmigrantes», afirmó en su cuenta de X (antes Twitter).
Desde el ámbito legal y de derechos civiles, organizaciones como el National Immigration Law Center (NILC) y el American Immigration Council han expresado una oposición frontal. El NILC calificó la lista como un «mecanismo de intimidación» y argumentó que las políticas santuario fomentan la seguridad pública al generar confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local.
A su vez, el American Immigration Council recordó que estas políticas no encubren delitos, sino que limitan la colaboración con agentes federales para priorizar recursos locales y evitar la deportación indiscriminada de inmigrantes sin antecedentes penales.
También citaron un estudio de 2020 que demuestra que las ciudades santuario redujeron las deportaciones de inmigrantes no criminales en un 50% sin que ello generara un aumento en los índices de criminalidad.
Con esta orden ejecutiva y la publicación de la lista, la administración Trump marca un nuevo capítulo en su estrategia de inmigración, reafirmando su visión de control centralizado y medidas punitivas contra la disidencia local.
Mientras tanto, las ciudades señaladas se preparan para un probable enfrentamiento legal con implicaciones profundas para la relación entre gobiernos locales y federales en Estados Unidos.
