Washington (AFP) – Estados Unidos sancionó el jueves a personas y empresas en México, a las que acusó de buscar evadir las sanciones de Washington para propiciar el fin del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, una medida que Caracas rechazó y prometió llevar ante organismos internacionales.

El Departamento del Tesoro dijo que el exvicepresidente y actual ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, prófugo de la justicia estadounidense por narcotráfico, fue quien organizó la «red de facilitadores» para orquestar «esquemas opacos» para negociar la reventa de crudo y beneficiarse de sus ingresos.

Por integrar esta red, tres personas residentes en México y las empresas con sede en ese país que dirigen, así como otras que controlan, fueron incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por lo que tendrán prohibida toda transacción con individuos y entidades estadounidenses, añadió.

«El ilegítimo régimen de Maduro continúa robando recursos venezolanos para reforzar su control autoritario sobre el pueblo», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

«Esta medida es otra advertencia de que cualquier persona o empresa que facilite este robo ya no disfrutará de acceso al sistema financiero de Estados Unidos», añadió.

Estados Unidos lidera desde enero de 2019 una campaña internacional para sacar del poder a Maduro, cuya reelección en mayo de 2018 considera fraudulenta y a quien atribuye corrupción generalizada y graves abusos a los derechos humanos, así como la debacle económica de la otrora potencia petrolera.

Pero a pesar de una batería de medidas punitivas y de una millonaria recompensa por información que lleve a su captura, Maduro sigue en el poder con apoyo en particular de Rusia y China.

Desde Caracas, el gobierno de Maduro cuestionó las nuevas medidas y anunció que tomará acciones en foros internacionales.

«Washington sigue promoviendo un cerco contra Venezuela. Pretende que no podamos exportar petróleo para que el pueblo venezolano se quede sin alimentos, medicinas, gasolina», tuiteó el canciller Jorge Arreaza.

Y agregó: «El sistema multilateral de la ONU debe reaccionar. Llevaremos este caso a la Corte Penal Internacional».

El lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno podría venderle gasolina al de Venezuela por razones humanitarias, pese a la presión de Estados Unidos sobre quienes comercian con el país sudamericano.

La conexión Saab

El Tesoro dijo que las tres personas sancionadas y el empresario colombiano Alex Saab, arrestado el 12 de junio en Cabo Verde acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, colaboraron con el gobierno de Maduro y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), para eludir las restricciones estadounidenses y generar ingresos a partir del crudo venezolano.

El mexicano Joaquín Leal Jiménez es señalado de cooperar con Saab, considerado «testaferro» de Maduro por la oposición venezolana, para hacer esas ventas en el marco del programa «petróleo por alimentos», que según el Tesoro nunca resultó en entregas de comida a Venezuela.

«Saab y Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PdVSA, aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo de PdVSA en abril de 2020», dijeron funcionarios estadounidenses.

Agregaron que aunque ambas compañías afirmaron tener contratos con el gobierno de Maduro para enviar maíz y camiones cisterna de agua a Venezuela, esto se concretó solo en parte y a «precios muy inflados» y «no coincide con la cantidad de petróleo crudo de PdVSA que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares».

La mexicana Olga María Zepeda Esparza, y su madre, Verónica Esparza García, también fueron sancionadas por dirigir o controlar esas empresas.

Las sanciones alcanzan a un total de ocho entidades extranjeras y dos buques, uno de bandera de Panamá y otro de Liberia.

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