San Francisco (California).- El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos concedió al gobierno de Trump la suspensión solicitada para avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión unánime del panel de tres jueces representa una victoria legal significativa para la administración, que ha sostenido que el programa TPS ha sido utilizado indebidamente durante décadas como una vía alternativa al asilo.
La medida afecta directamente a más de 76.000 personas: aproximadamente 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, protegidos desde 1999 por desastres naturales como el huracán Mitch. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Kristi Noem, determinó que las condiciones en estos países han mejorado lo suficiente como para permitir el regreso seguro de sus nacionales.
El anuncio oficial se hizo el 7 de julio de 2025, con un periodo de transición de 60 días antes de que el TPS finalice el 8 de septiembre del mismo año.
Sin embargo, una demanda colectiva encabezada por la National TPS Alliance y presentada ese mismo día ante el Distrito Norte de California, argumentó que la decisión estaba motivada por prejuicios raciales y violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.
La jueza Trina L. Thompson, a cargo del caso, emitió una orden el 31 de julio de 2025 que suspendía temporalmente la cancelación hasta el 18 de noviembre, permitiendo que los permisos de trabajo y la protección contra deportación continuaran mientras avanzaban las apelaciones.
En su fallo, la jueza Thompson fue contundente: acusó al gobierno de perpetuar estereotipos xenófobos y señaló que la decisión podría causar una pérdida económica de $1.4 mil millones, además de disminuir los ingresos fiscales y fragmentar familias establecidas desde hace décadas en Estados Unidos.
«La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan», escribió Thompson. «En cambio, se les dice que deben expiar su raza, irse por sus nombres y purificar su sangre. La Corte no está de acuerdo».
No obstante, el 20 de agosto de 2025, el Noveno Circuito revirtió esa suspensión, permitiendo que el gobierno de Trump proceda con la cancelación del TPS, aunque la protección se mantiene hasta el 18 de noviembre, gracias a la orden judicial anterior.
Esta fecha marca un punto crítico para miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos, muchos de ellos con hijos ciudadanos estadounidenses y negocios establecidos.
La administración ha promovido salidas voluntarias a través de la app CBP One, ofreciendo boletos de avión gratuitos y un bono de $1.000 para quienes opten por abandonar el país.
Alrededor de 21.000 hondureños y 1.100 nicaragüenses ya han obtenido la residencia legal permanente y no se verán afectados por la terminación del TPS. Para los demás, las opciones incluyen el registro en otros programas migratorios, la solicitud de asilo o explorar vías legales alternativas, aunque cada caso requiere análisis individualizado con asistencia legal.
Las reacciones de los grupos de apoyo a los inmigrantes no se hicieron esperar. La National TPS Alliance calificó la decisión como devastadora, asegurando que pone en riesgo a más de 60,000 personas que consideran a Estados Unidos su único hogar.
«Somos familias, trabajadores, vecinos. Y a pesar de este revés, los titulares de TPS y sus aliados CONTINUARÁN luchando por la justicia, las protecciones permanentes y el derecho a quedarse en el único hogar que muchos de nosotros hemos conocido», declararon en una publicación en Facebook.
