Washington (DC).- La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), liderada por Kristi Noem, anunció oficialmente la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los ciudadanos venezolanos bajo la designación de 2021.
Esta medida, que afectará a entre 200.000 y 350.000 venezolanos, entrará en vigor 60 días después de la publicación de la notificación en el Registro Federal. La fecha clave es el 10 de septiembre de 2025, cuando el estatus y sus beneficios dejarán de estar vigentes para quienes no tengan otro tipo de autorización migratoria en Estados Unidos.
De acuerdo con la normativa vigente, el gobierno estadounidense está obligado a revisar las condiciones de un país designado para TPS al menos 60 días antes de su vencimiento. Esta revisión debe determinar si persisten las razones que justificaron originalmente la protección.
En este caso, el DHS concluyó que Venezuela ya no cumple con los requisitos legales para mantener el TPS, tras un análisis realizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y en consulta con el Departamento de Estado.
Un portavoz del DHS argumentó que la continuidad del TPS para venezolanos representa un «efecto imán» que incentiva la migración irregular y contradice los esfuerzos del gobierno de Trump por asegurar la frontera sur y gestionar de manera efectiva los flujos migratorios.
Según la declaración oficial, la decisión tuvo en cuenta factores de seguridad pública, política migratoria, economía, política exterior y protección de las fronteras.
La cancelación tendrá efectos inmediatos para miles de personas. Los beneficiarios del TPS perderán su protección contra la deportación y su autorización para trabajar legalmente en el país a partir del 10 de septiembre de 2025, a menos que logren acogerse a otra forma de estatus migratorio.
Esto podría dejar a una parte considerable de la comunidad venezolana en condición de indocumentada, expuesta a procesos de remoción y otras consecuencias legales.
Actualmente, hay aproximadamente 1,1 millones de personas con TPS en Estados Unidos, y los venezolanos representan un segmento significativo gracias a las designaciones de 2021 y 2023. Las tarjetas de autorización de empleo (EAD) emitidas bajo la designación de 2021 seguirán siendo válidas hasta el 10 de septiembre de 2025.
Ante esta situación, el DHS ha alentado a los afectados a considerar la opción de autodeportación voluntaria utilizando la aplicación móvil CBP Home, que permite reportar la salida del país de forma segura.
El programa ofrece incentivos inusuales: un pasaje aéreo gratuito, un bono de salida de $1.000 dólares y la posibilidad de optar por futuras oportunidades de inmigración legal. Esta política refleja un intento por facilitar un retorno «ordenado» y descomprimir la presión sobre el sistema migratorio.
La reacción no se ha hecho esperar. Desde Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática expresó su rechazo a la medida y llamó al gobierno de Estados Unidos a reconsiderar su política migratoria.
En un comunicado, señalaron que «más de seiscientos mil compatriotas» han sido beneficiarios del TPS debido a la profunda crisis humanitaria del país. Asimismo, exigieron alternativas que permitan a los venezolanos permanecer legalmente en Estados Unidos, destacando que se trata de personas honestas, trabajadoras y ya integradas en la sociedad estadounidense.
«Ser venezolano no es delito, ser migrante no es delito», enfatizaron.
La decisión también podría enfrentar desafíos legales, al igual que ocurrió con el intento previo de terminar la designación TPS de 2023. En marzo de 2025, un juez federal bloqueó temporalmente esa terminación, aunque la Corte Suprema permitió que siguiera adelante en mayo, con el litigio aún en curso.
Se espera que el fin del TPS 2021 también sea impugnado ante los tribunales, lo que podría retrasar o incluso revertir la medida, dependiendo del fallo judicial.
