San Salvador (AFP) – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en la noche del jueves que el viernes lanzará una comisión internacional contra la impunidad que buscará evitar que casos de corrupción queden sin ser investigados.

«No los quiero asustar, pero mañana lanzamos la CICIES (Comisión Internacional Contra la Impunidad)», indicó brevemente Bukele en su cuenta de Twitter.

El mandatario no dio más detalles sobre cómo se hará o qué implicará esa comisión, para la cual ha solicitado el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bukele tampoco ha mencionado cómo o quiénes conformarán la CICIES, que fue una de las principales promesas de gobierno que hizo cuando era candidato a la presidencia.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, escribió en su cuenta de Twitter que «los corruptos y corruptores tendrán que rendirle cuentas al pueblo. La CICIES llegó».

El mandatario ha mencionado en otras oportunidades que esa comisión internacional se encargará de investigar casos de corrupción que se hayan cometido durante gobiernos anteriores.

Cuando Bukele ganó las elecciones presidenciales en febrero pasado y luego de asumir el poder en junio, puso fin a tres décadas de bipartidismo que estaba dominado por la derechista Aianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Importantes miembros del FMLN se han mostrado opuestos al funcioamiento de una comisión internacional contra la corrupción, argumentando que basta con las investigaciones que pueda efectuar la Fiscalía.

En los últimos años, la Fiscalía salvadoreña procesó al extinto expresidente Francisco Flores (1999-2004) por el desvio de 10 millones de dólares donados por Taiwán, y en septiembre pasado logró la condena a 10 años de prisión del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos.

El expresidente Mauricio Funes (2009-2014), acusado de varios delitos de corrupción, incluido el supuesto desvío de 351 millones de dólares durante su mandato, huyó a Nicaragua en 2016 y recientemente obtuvo la nacionalidad nicaragüense, lo que impide su extradición a El Salvador.