Washington (DC).- En un esfuerzo por controlar la creciente migración irregular y reforzar la seguridad fronteriza, el presidente Joe Biden anuncio el martes una serie de medidas restrictivas que transformarán el panorama de la política de asilo en Estados Unidos, especialmente en la frontera sur.
Desde la finalización de la Orden de salud pública del Título 42, la administración ha intensificado esfuerzos para prepararse ante un aumento significativo de migrantes.
Según declaraciones oficiales, durante el último año, más de tres cuartos de millón de personas fueron expulsadas o devueltas, un número superior a cualquier registro desde 2010.
Sin embargo, estas cifras no ocultan las falencias de un sistema que, debido a su obsolescencia y falta de recursos adecuados, no ha podido imponer consecuencias efectivas a quienes cruzan la frontera de manera irregular.
Alejandro N. Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, enfatizó la urgencia de estas medidas en un contexto de recursos limitados y un sistema inadecuado:
«Nuestro sistema de inmigración y asilo, pese a los esfuerzos recientes, sigue siendo deficiente. Reiteramos nuestro llamado al Congreso para que proporcione las herramientas y recursos que hemos solicitado repetidamente para asegurar nuestra frontera de manera efectiva».
Las nuevas reglas establecen que los no ciudadanos que ingresen irregularmente no serán elegibles para asilo, excepto bajo circunstancias extremadamente apremiantes. Además, se eleva el estándar para evaluar ciertos reclamos de protección y se acelera la capacidad de expulsar a aquellos que no califiquen para protección.
Esta regulación no solo busca disuadir la migración irregular sino también agilizar el proceso de expulsión.
«Las medidas que hoy entran en vigor están diseñadas para aumentar la velocidad y el alcance de nuestras acciones en la frontera. Esto no solo refuerza nuestra seguridad, sino que también libera recursos para atender a quienes realmente necesitan protección», agregó Mayorkas.
Sin embargo, esta serie de acciones ejecutivas ha suscitado críticas y preocupaciones. El gobernador de Texas, Greg Abbott, argumenta que la orden ejecutiva de Biden «promueve una invasión a nuestro país, permitiendo que miles de inmigrantes ilegales crucen la frontera todos los días».
Abbott continúa criticando las políticas del presidente como un fracaso en asegurar la frontera y en manejar adecuadamente la crisis migratoria.
«Durante tres años, el presidente ha mentido sobre la existencia de la crisis fronteriza, ha desviado la culpa al Congreso y ahora se contradice al emitir una irresponsable orden ejecutiva meses antes del día de las elecciones», agregó Abbott.
Entre los cambios específicos, se incluye la suspensión de la elegibilidad para asilo durante períodos de altos encuentros fronterizos y la implementación de un nuevo estándar para evaluar los reclamos bajo la Convención Contra la Tortura.
Estas disposiciones estarán vigentes hasta que los niveles de encuentros disminuyan significativamente, pero se reinstaurarán si vuelven a aumentar.
Estas medidas resaltan un dilema persistente: la necesidad de proteger las fronteras de la nación y al mismo tiempo garantizar que se respeten los derechos humanos de quienes buscan refugio. En este complicado equilibrio, la administración del presidente Biden busca reformar una política migratoria que ha sido objeto de intensos debates y división política.
La situación en la frontera sur sigue siendo un reflejo de desafíos más amplios que enfrenta Estados Unidos en su política migratoria. Mientras tanto, la Administración continúa instando al Congreso a actuar y proporcionar una solución legislativa que, según Mayorkas, es esencial para «crear un sistema de inmigración que funcione de manera justa y eficiente para todos».
