Congreso peruano interpela a ministro por acuerdo de delación premiada con Odebrecht
El fiscal principal del caso Odebrecht/Lava Jato en Perú, Rafael Vela (der), teme que el acuerdo pueda estar en peligro por la posibilidad de injerencia política desde el Congreso © AFP/Archivos NELSON ALMEIDA

Lima (AFP) – El ministro peruano de Justicia, Vicente Zeballos, comparece este jueves ante el Congreso para responder sobre el acuerdo de delación premiada que la fiscalía alcanzó con Odebrecht, que la oposición ha calificado de «nefasto», en tanto el oficialismo alega que sus detractores quieren evitar que se investigue.

«Este acuerdo permitirá aterrizar puntualmente en todos los que tuvieron algún grado o nivel de participación en los hechos investigados», dijo el ministro al empezar a responder un pliego de 21 preguntas presentadas por los congresistas.

El acuerdo, firmado en febrero en Sao Paulo y cuyo contenido es reservado, prevé la entrega por Odebrecht de toda la información sobre los sobornos que dio a funcionarios en Perú, en tanto pagará una reparación civil de 610 millones de soles, unos 182 millones de dólares.

El ministro defendió el acuerdo, alegando que las declaraciones de los representantes de Odebrecht identificarán a los funcionarios peruanos involucrados en los actos de corrupción que la fiscalía investiga.

El presidente Martín Vizcarra dijo a la prensa que el ministro «respondió con mucha capacidad y solvencia» las preguntas presentadas por los congresistas.

La oposición, por su parte, pide dejar sin efecto el acuerdo porque considera irrisoria la indemnización.

– Acuerdo «nefasto» –

En el debate de la interpelación, la congresista Rosa Bartra, del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, consideró insuficientes las repuestas del ministro y estimó que el acuerdo con Odebrecht «es absurdo por donde se le mire; no se ha estipulado el monto de reparación civil de manera adecuada».

La líder opositora Keiko Fujimori se encuentra en prisión preventiva desde hace cinco meses por el caso Odebrecht se negó el lunes a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por presunto lavado de activos provenientes de la brasileña Odebrecht.

El legislador Víctor García Belaúnde, del partido Acción Popular, calificó de «nefasto» al acuerdo y opinó que no estipula «embargos, ni cancelación de ninguna de las concesiones (de obra a Odebrecht), y son concesiones tramposas que las vamos a mantener por 30 años».

Gino Costa, congresista de la Bancada Liberal, afirmó que el propósito de la interpelación contra Zeballos es acabar con la ley de colaboración eficaz (delatores).

«Justo cuando la ley empieza a producir sus resultados, es decir, se acoge Odebrecht a ella, (la empresa brasileña) OAS expresa su interés. Cuando está produciendo sus frutos y ayudando a los propósitos de la justicia, es puesta en cuestionamiento», señaló Costa. OAS firmó un acuerdo la semana pasada con la fiscalía peruana.

El congresista Humberto Morales, del Frente Amplio, dijo por su lado que «hay una clarísima intención de traerse abajo el acuerdo que podría traer pruebas, nombres y apellidos de personas vinculadas a procesos de megacorrupción».

– Temores de injerencia política –

El acuerdo de Odebrecht con la fiscalía, que es autónoma respecto al gobierno, debe ser aún ratificado por el Poder Judicial.

El fiscal principal del caso Odebrecht/Lava Jato en Perú, Rafael Vela, teme que el acuerdo pueda estar en peligro por la posibilidad de injerencia política desde el Congreso.

La populista Fuerza Popular y la socialdemócrata Apra, del expresidente Alan García, impedido de dejar Perú por el caso Odebrecht, son los que cuestionan el acuerdo.

Si el Congreso no está de acuerdo con las respuestas del ministro, la oposición deberá presentar una moción de censura en una próxima sesión del parlamento.

La cuestionada compañía brasileña, acusada de repartir dádivas en varios países de América Latina, firmó el 14 de febrero un acuerdo de cooperación con la fiscalía peruana y comenzó a aportar testimonios y evidencias que pueden llevar a prisión a numerosos políticos peruanos, incluidos cuatro expresidentes.

El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien vive en Estados Unidos, tiene pedido de extradición, en tanto otros tres exmandatarios están bajo investigación y con prohibición de salida del país: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (2006-2011).