Fiscalía anticorrupción allana Palacio Nacional de Guatemala
Vista aérea de la plaza de la Constitución y el Palacio Nacional, en la Ciudad de Guatemala, el 8 de mayo de 2018, donde los maestros guatemaltecos acampan, como parte de una movilización en demanda de un aumento en el presupuesto de la educación. © AFP CARLOS ALONZO

Ciudad de Guatemala (AFP) – La unidad anticorrupción de la fiscalía allanó este jueves el histórico Palacio Nacional de Guatemala, donde operan varios despachos del gobierno, por una denuncia que no fue revelada, informó este jueves el Ministerio Público.

«Estamos desarrollando una diligencia (de allanamiento) con autorización de juez competente en el Palacio Nacional de la Cultura», dijo a periodistas Estuardo Campos, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, durante la requisa en el edificio en el centro de Ciudad de Guatemala.

El operativo movilizó a una veintena de fiscales para la «inspección, registro y secuestro de evidencias», agregó Campos, sin revelar detalles de la «denuncia reciente» por la que se realizan los operativos debido a que el caso «está en reserva».

Campos también evadió responder sobre las instituciones allanadas dentro del Palacio Nacional, un museo que también acoge un despacho del presidente y oficinas del Ministerio de Cultura y Deportes y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

El allanamiento en el Palacio Nacional ocurre en la víspera de las elecciones generales del 16 de junio, que tienen el combate a la corrupción como uno de los temas principales entre los candidatos.

Guatemala vivió en 2015 una crisis política con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado de dirigir una estafa multimillonaria en las aduanas. Las elecciones de ese año dieron como ganador al excómico de televisión Jimmy Morales, cuyo gobierno también ha sido ensombrecido por la corrupción.

La fiscalía y una misión antimafias de la ONU han pedido investigar a Morales por sospechas de corrupción en su campaña al no reportar cerca de dos millones de dólares a la autoridad electoral, considerado como financiamiento ilícito.