Santiago (Chile).- América Latina y el Caribe (ALC) se enfrenta a una crisis de violencia extrema que dio como resultado la muerte de al menos 3.828 mujeres por femicidio, feminicidio o fallecimiento violento por razón de género durante 2024. Esto se traduce en un mínimo de 11 muertes violentas de mujeres cada día en 26 países y territorios de la región.
Esta cifra alarmante subraya que la violencia feminicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región, un problema que limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países afectados.
Según los datos oficiales informados al Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el acumulado de estos crímenes en los últimos cinco años alcanza un mínimo de 19.254 casos, lo que evidencia la necesidad urgente de acción.
La violencia feminicida, en su expresión más extrema, sigue siendo perpetrada mayoritariamente por las parejas o exparejas de las víctimas, un patrón consistente en toda la región. Si bien la CEPAL aclara que las comparaciones regionales anuales son difíciles debido a la variación en el número de países que reportan la información oficial, los datos de 2024 dibujan un panorama de alta concentración de casos.
De los 17 países de América Latina con información disponible, 12 registraron una tasa de 1 víctima o más por cada 100.000 mujeres. Las tasas más elevadas a nivel nacional se registraron en Honduras, con 4,3 casos por cada 100.000 mujeres, seguido por Guatemala (1,9 casos) y la República Dominicana (1,5 casos).
Otras naciones como Puerto Rico, Cuba y Bolivia también mostraron tasas elevadas (1,4 casos por cada 100.000 mujeres), mientras que Chile registró la tasa más baja (0,4 casos por cada 100.000 mujeres). En el Caribe, aunque el número de países que informó fue menor (9), Suriname, Jamaica, Barbados, Belice, Granada y San Vicente y las Granadinas registraron casos durante 2024.
Estos asesinatos son solo la parte visible de un continuo de violencias que afectan a las mujeres en todos los ámbitos de su vida. La magnitud de este problema queda reflejada en la cifra de femicidios frustrados, que en 2024 ascendió a 5.502 casos registrados en 14 países.
Este dato muestra el aumento de comportamientos violentos que, si no se detienen, pueden llevar al asesinato. Esto refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana, evaluar mejor el riesgo de muerte y garantizar una respuesta rápida de las instituciones para prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Al analizar las características de las víctimas, la violencia feminicida amenaza a mujeres de todas las edades. No obstante, la mayor incidencia se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2%), seguido muy de cerca por las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28%), según información proporcionada por 8 países de la región.
La amenaza se extiende a los extremos de edad: en esos mismos países, se contabilizaron 78 casos de feminicidios de niñas menores de 14 años y 89 de mujeres mayores de 60 durante 2024. Además de las víctimas directas, la tragedia tiene un eco devastador en las familias, ya que se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio—hijos, hijas y otras personas dependientes de las mujeres asesinadas— en los 10 países que proveen esta información.
La CEPAL ha sido clara en que la prevención y eliminación de este fenómeno va más allá del ámbito de la seguridad pública. Constituye un objetivo urgente dentro de la Década de Acción establecida en el Compromiso de Tlatelolco para lograr la igualdad sustantiva de género y construir una sociedad del cuidado.
A pesar de la persistencia de los crímenes, la región ha mostrado avances normativos importantes. Actualmente, la totalidad de los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan con leyes destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, principalmente en la esfera familiar.
Adicionalmente, 14 países han implementado leyes integrales que permiten abordar diversas manifestaciones de la violencia de género contra mujeres y niñas en diferentes ámbitos. Específicamente, 20 países latinoamericanos han incorporado el delito de feminicidio, femicidio u homicidio por razón de género en sus códigos penales.
Diecisiete de estos lo han tipificado como un delito penal específico (incluyendo Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), mientras que otros, como Argentina, Cuba y Puerto Rico, lo han incorporado como una circunstancia agravante del homicidio.
El compromiso regional también se ha manifestado en la lucha contra otras prácticas nocivas y nuevas formas de agresión. Dieciséis países han avanzado en normatividad para eliminar la práctica del matrimonio infantil en sus legislaciones.
De igual forma, la región está registrando avances normativos para enfrentar la violencia en el ámbito digital contra mujeres y niñas, que abarca desde el ciberacoso y la divulgación no autorizada de imágenes íntimas, hasta la violencia y el acoso político que afecta a mujeres en cargos públicos, periodistas y activistas.
Para hacer frente a la magnitud de esta crisis, la CEPAL subraya la necesidad de acelerar las transformaciones con sentido de urgencia. El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, enfatiza que los niveles de violencia observados son inaceptables. El Compromiso de Tlatelolco pide que se implementen de manera urgente políticas completas y que incluyan diferentes sectores, con financiamiento.
Estas políticas deben tratar la violencia continua, que incluye la violencia sexual, la violencia digital y prácticas dañinas como los matrimonios infantiles, con el objetivo de disminuir el riesgo de muerte.
«La violencia feminicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en la región», señaló Salazar-Xirinachs.
«La prevención y eliminación del feminicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente de la década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado».
Los pilares fundamentales para garantizar el derecho a una vida libre de violencia son claros: legislar y aplicar con rigor, proteger y reparar de manera efectiva, transformar las normas sociales y medir con calidad los resultados.
Fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales son elementos esenciales para detener la progresión de la violencia y garantizar los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas a una vida libre de discriminación.
La respuesta a esta crisis exige avanzar en tres ámbitos claves: fortalecer el marco normativo, la institucionalidad y las capacidades estatales; asegurar el financiamiento y la cooperación adecuados; y robustecer los sistemas de información, comunicación, tecnología, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press.
