Sacramento (California).- California se prepara para decidir el futuro de 14 propuestas estatales durante las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, en una votación que podría modificar las políticas de impuestos, vivienda, salud, educación y participación electoral.
Las medidas, certificadas por la Secretaría de Estado de California, incluyen cinco propuestas presentadas por la Legislatura estatal y nueve que lograron clasificarse mediante el proceso de iniciativas ciudadanas.
Entre los asuntos que estarán en manos de los votantes destaca un impuesto extraordinario del 5 % sobre determinadas fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares. También habrá nuevos requisitos de identificación para votar, financiamiento de viviendas y restricciones a la capacidad de los gobiernos locales para aumentar sus ingresos fiscales.
Vivienda: bonos millonarios y préstamos para compradores
Dos de las propuestas se concentran en facilitar el acceso a la vivienda, aunque utilizan mecanismos financieros diferentes.
La Propuesta 1 autorizaría la emisión de 11.250 millones de dólares en bonos estatales destinados a programas de vivienda asequible.
Los recursos financiarían viviendas multifamiliares de alquiler, hipotecas para veteranos, viviendas con servicios de apoyo, conservación de propiedades asequibles y asistencia para el pago inicial.
El análisis fiscal estima que California tendría que destinar entre 500 y 600 millones de dólares anuales durante aproximadamente 25 años para pagar la deuda.
Por su parte, la Propuesta 37 permitiría emitir bonos por 25.000 millones de dólares para establecer un programa hipotecario dirigido a compradores de ingresos medios.
Los beneficiarios podrían obtener préstamos con tasa fija equivalentes a un máximo del 17 % del precio de una vivienda nueva, cuyo valor tendría que ser inferior a aproximadamente 1,5 millones de dólares.
Para participar, los compradores tendrían que residir en California, utilizar la propiedad como residencia principal, cumplir los límites de ingresos y aportar al menos un 3 % de pago inicial.
A diferencia de la Propuesta 1, los bonos de esta iniciativa se pagarían mediante los pagos hipotecarios de los participantes, sin costos directos previstos para los gobiernos estatal o locales.
Impuestos: grandes fortunas y financiamiento de servicios públicos
Las propuestas tributarias figuran entre los temas más relevantes de la elección.
La Propuesta 40 establecería un impuesto único del 5 % para determinados contribuyentes con patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares.
Los ingresos se destinarían principalmente a servicios de salud. La medida también excluiría esos recursos de determinadas disposiciones constitucionales sobre financiamiento escolar y límites del gasto estatal.
Las estimaciones fiscales anticipan ingresos temporales de decenas de miles de millones de dólares distribuidos durante varios años.
Sin embargo, también contemplan una posible reducción permanente de menos de 1.000 millones de dólares anuales en ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de los multimillonarios.
La iniciativa cuenta con el respaldo del senador federal Bernie Sanders y del sindicato SEIU United Healthcare Workers West. Entre sus opositores se encuentran la California Primary Care Association, la California School Boards Association y la California Taxpayers Association.
Otra propuesta, la Propuesta 3, busca convertir en permanentes las tasas impositivas existentes para personas con ingresos superiores a 371.000 dólares, una cantidad que se ajusta anualmente por inflación.
Actualmente, ese incremento tributario tiene previsto expirar en 2031.
Su aprobación mantendría entre 5.000 y 15.000 millones de dólares anuales en ingresos estatales destinados a la educación pública.
La California Teachers Association y la California State PTA respaldan la iniciativa, mientras que la California Taxpayers Association y la California Hispanic Chambers of Commerce figuran entre sus opositores.
Otras propuestas limitarían nuevos impuestos estatales y locales
La Propuesta 41 impediría establecer nuevos impuestos estatales cuyos ingresos quedaran excluidos del límite de gasto aprobado por los votantes.
También exigiría auditorías antes de las elecciones y revisiones periódicas de programas financiados mediante nuevos impuestos especiales.
La medida anularía impuestos aprobados después del 1 de enero de 2026 que incumplieran sus disposiciones.
La Propuesta 42 prohibiría nuevos impuestos estatales sobre la propiedad de bienes personales, excluidos los inmuebles, así como determinados impuestos retroactivos basados en actividades pasadas de los contribuyentes.
También invalidaría los impuestos aprobados después del 1 de enero de 2026 que entraran en conflicto con esas restricciones.
En el ámbito local, la Propuesta 43 elevaría del 50 % más un voto a dos tercios el respaldo necesario para aprobar determinados impuestos especiales propuestos por los propios votantes.
El cambio entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y podría limitar futuros aumentos de ingresos para los gobiernos locales.
Los efectos fiscales de estas propuestas dependerían, en buena medida, de decisiones tributarias futuras.
Identificación electoral y cambios en las elecciones de destitución
La Propuesta 39 modificaría los requisitos para participar en las elecciones de California.
La iniciativa exigiría presentar una identificación emitida por el gobierno para votar presencialmente.
En el caso del voto por correo, los electores tendrían que escribir los últimos cuatro dígitos de un número de identificación gubernamental autorizado en el sobre de su boleta.
Las papeletas enviadas sin esa información serían invalidadas.
Implementar los nuevos requisitos podría costar entre decenas de millones y varios cientos de millones de dólares anuales.
Entre sus partidarios figuran la Transparency Foundation, la Latino American Political Association y la Howard Jarvis Taxpayers Association.
La ACLU California Action, Common Cause y la League of Women Voters of California se oponen a la medida.
La Propuesta 5, por otra parte, modificaría el procedimiento para reemplazar a funcionarios estatales destituidos mediante elecciones revocatorias.
Actualmente, los votantes pueden decidir la destitución y elegir simultáneamente a un candidato sustituto.
La propuesta eliminaría ese mecanismo y permitiría cubrir la vacante mediante una elección especial posterior o un nombramiento.
Su impacto económico dependería del cargo involucrado y podría representar ahorros o gastos de millones de dólares.
Financiamiento público de campañas y reservas presupuestarias
La Propuesta 4 eliminaría la prohibición que actualmente impide a los gobiernos estatal y locales ofrecer financiamiento público para campañas electorales de candidatos.
Los programas autorizados no podrían utilizar recursos reservados para educación, transporte o seguridad pública.
La Comisión de Prácticas Políticas Justas de California tendría gastos adicionales de varios cientos de miles de dólares anuales para atender consultas relacionadas con estos programas.
La Propuesta 2 propone aumentar el fondo estatal de reserva para emergencias económicas, conocido como Rainy Day Fund, aprobado por los votantes en 2014.
El objetivo es disponer de mayores reservas presupuestarias durante períodos de dificultades económicas y proteger el financiamiento de educación, salud, seguridad pública y otros servicios esenciales.
La medida cuenta con el apoyo del gobernador Gavin Newsom, Xavier Becerra, California Professional Firefighters y la Cámara de Comercio de Los Ángeles, entre otros.
Salud: Investigación médica y gastos de clínicas comunitarias
La Propuesta 38 autorizaría 8.400 millones de dólares en bonos estatales para financiar investigaciones sobre inmunología e inmunoterapia, campos relacionados con el sistema inmunitario y tratamientos que utilizan sus mecanismos para combatir enfermedades.
La mitad de los recursos se asignaría a un instituto de investigación médica sin fines de lucro afiliado a la Universidad de California.
La otra mitad financiaría subvenciones para proyectos de investigación.
El pago de los bonos representaría entre 500 y 600 millones de dólares anuales durante aproximadamente 20 años, aunque parte o la totalidad de ese costo podría compensarse si las investigaciones financiadas generan ingresos.
Entre sus partidarios se encuentran la Michael J. Fox Foundation, Alzheimer’s Los Angeles y la Kidney Cancer Association.
Por otra parte, la Propuesta 44 establecería requisitos de gasto para determinados centros comunitarios de salud sin fines de lucro que reciben reconocimiento federal.
Las clínicas tendrían que destinar al menos el 90 % de sus ingresos a servicios y programas relacionados con su misión benéfica, incluidos los servicios para pacientes.
El incumplimiento daría lugar a sanciones.
La implementación generaría costos estatales adicionales de varias decenas de millones de dólares anuales en el rango inferior, cubiertos mediante tarifas.
Entre sus opositores figuran la California Medical Association, la California Academy of Family Physicians y la American Academy of Pediatrics de California.
Revisión ambiental: plazos para viviendas e infraestructura
La Propuesta 45 plantea modificar la Ley de Calidad Ambiental de California, conocida como CEQA, para acelerar la evaluación de determinados proyectos.
La iniciativa establecería plazos para completar las revisiones ambientales y resolver demandas judiciales relacionadas con la aprobación de proyectos.
Los cambios abarcarían gran parte de las iniciativas de vivienda, transporte, agua y salud.
El costo inicial para los gobiernos estatal y locales probablemente alcanzaría varias decenas de millones de dólares anuales y podría superar los 100 millones, aunque una parte se cubriría mediante tarifas.
Las consecuencias fiscales a largo plazo son inciertas y podrían ser positivas o negativas.
La California Children’s Hospital Association, la California Water Association y el California Council for Affordable Housing apoyan la medida.
Entre los grupos opositores se encuentran Coalition for Clean Air, California Environmental Voters y National Wildlife Federation.
¿Qué deben revisar los votantes antes del 3 de noviembre?
Las 14 propuestas presentan diferencias significativas tanto en sus objetivos como en sus consecuencias financieras.
Algunas autorizarían nuevos compromisos de deuda pública, mientras que otras modificarían la recaudación tributaria, los procedimientos electorales o las obligaciones de instituciones de salud.
Los impactos fiscales también varían considerablemente: desde medidas sin costos directos previstos para el estado hasta propuestas que podrían generar gastos anuales de cientos de millones de dólares.
Los electores podrán consultar la información oficial de cada propuesta, incluidos sus textos, estimaciones fiscales y argumentos de apoyo y oposición, en el sitio de la Secretaría de Estado de California.
La votación está programada para el martes 3 de noviembre de 2026.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press
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