Los Ángeles (California).- Abogados de la Alianza Nacional TPS y de beneficiarios venezolanos solicitaron a un tribunal federal de apelaciones que permita entrar en vigor una decisión de 2025 que restituiría el Estatus de Protección Temporal. La petición busca impedir que se prolongue la suspensión que mantiene sin efecto esa orden judicial.
La controversia llega a una nueva etapa porque, según el equipo jurídico de los demandantes, la suspensión dictada por la Corte Suprema en octubre de 2025 está prevista para vencer en noviembre. El Gobierno solicita extenderla, mientras los representantes de los beneficiarios se oponen y han presentado declaraciones sobre las consecuencias de la terminación del TPS.
Los abogados estiman que unas 600.000 personas venezolanas están afectadas. La petición presentada no equivale a una decisión favorable: la restitución que reclaman depende de que la orden del tribunal de distrito pueda entrar en vigor y de que no se imponga una nueva suspensión.
El fallo de septiembre de 2025 y la suspensión de octubre
La disputa gira en torno a una orden de septiembre de 2025. El tribunal de distrito determinó que el intento de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de retirar el TPS a venezolanos incumplía la Ley de Procedimiento Administrativo, conocida por sus siglas en inglés APA.
Un mes después, la Corte Suprema suspendió ese fallo. Los abogados de la Alianza Nacional TPS describen aquella intervención como una orden de tres párrafos emitida sin una explicación razonada.
La solicitud actual se enfrenta al intento del Gobierno de obtener una nueva suspensión. Para los demandantes, permitir que venza la medida de la Corte Suprema sin reemplazarla abriría el camino para que se aplique la decisión del tribunal de distrito.
El resultado de ese proceso sigue siendo condicional. El equipo jurídico sostiene que, si vence la suspensión y no se dicta otra, el fallo entraría en vigor y restablecería el TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos.
Una deportación a Liberia y una familia separada
Entre las declaraciones presentadas figura la de Carlos Sánchez Villa, venezolano con TPS y padre de dos hijos en Estados Unidos. Sus abogados relatan que fue deportado a Liberia en agosto de 2026, después de que un juez de inmigración hubiera prohibido enviarlo a Venezuela por los riesgos que enfrentaba para su vida.
Sánchez Villa declaró ante el tribunal que no tenía vínculos previos con Liberia ni con otro lugar de África. También describió la separación de su esposa y sus hijos adolescentes y el deterioro de su situación personal.
El caso forma parte de los testimonios que el equipo jurídico utiliza para oponerse a prolongar la suspensión. La discusión procesal se acompaña así de relatos sobre personas enviadas a países distintos de aquel del que huyeron y sobre familias que permanecen separadas.
Los abogados incorporan nuevas declaraciones de beneficiarios
Los representantes de los demandantes indicaron que presentaron por primera vez declaraciones sobre los efectos de la terminación del TPS. Además del caso de Sánchez Villa, describen deportaciones de beneficiarios venezolanos a Venezuela y México.
El equipo jurídico también menciona la historia de un venezolano con TPS que murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y la de otro que fue asesinado días después de ser deportado.
Esos relatos son parte de los argumentos de los demandantes. Sus abogados sostienen que la pérdida de la protección ha provocado separación familiar, inestabilidad y retornos a lugares donde los afectados enfrentan riesgos.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, afirmó que las terminaciones han tenido consecuencias devastadoras para personas, familias y comunidades. También expresó que la organización continuará buscando que se responsabilice al Gobierno y se proteja a los beneficiarios.
La representación jurídica y las designaciones para Venezuela
Venezuela recibió designaciones de TPS en 2021 y 2023 debido a su crisis humanitaria, recordó el equipo legal. Los demandantes sostienen que esa crisis continúa.
La representación incluye a la Red Nacional de Jornaleros, NDLON; las fundaciones ACLU del norte y del sur de California; y el Centro Miñana de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA.
Los abogados señalan, además, que la Corte Suprema permitió este año la terminación del TPS para haitianos y sirios, pero que esa decisión no abordó directamente la orden del litigio de los venezolanos, que plantea cuestiones distintas.
La disputa inmediata permanece centrada en la suspensión: el Gobierno busca mantenerla y los demandantes piden que deje de impedir la aplicación del fallo que restituiría su protección.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press
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