Bogotá (AFP) – La justicia de Colombia rehusó este jueves flexibilizar las condiciones para que el gobierno de Iván Duque reanude las fumigaciones aéreas de narcocultivos con el herbicida glifosato, suspendidas desde 2015 por su potencial daño a la salud humana y el ecosistema.
Por decisión unánime, la Corte Constitucional, el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, decidió mantener las exigencias para el uso del pesticida en la lucha contra el narcotráfico, pero abrió una rendija para que el gobierno regrese a las fumigaciones siempre que se minimicen sus efectos adversos.
De esa manera, Colombia podría retomar dentro de poco las aspersiones aéreas con glifosato ante la expansión récord de las hectáreas sembradas con hoja de coca a partir de 2016, aunque deberá regular su uso para minimizar las secuelas.
«Lo que debe entenderse es lo siguiente: uno, no hay modulación; dos, no hay de ninguna manera una modificación. Lo que si hay es un alcance de la sentencia para darle claridad» a las condiciones impuestas, dijo el magistrado Alberto Rojas durante la lectura del auto.
El gobierno, por su parte, anunció que cumplirá con lo dispuesto con la corte para que «se pueda utilizar la aspersión aérea como una herramienta más en la lucha contra los cultivos ilícitos».
«Una de las prioridades del gobierno ha sido la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. En ese sentido, continuaremos trabajando en un marco que nos permita garantizar esos derechos, a la vez que podamos avanzar en la lucha contra el flagelo», señaló la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en una declaración a los medios.
– Compromisos de paz –
En marzo, Duque había solicitado a la corte una «modulación» de la sentencia que supeditó el empleo del glifosato con fines antinarcóticos a que se demuestre «ausencia de daños» sobre la naturaleza o la salud de los campesinos.
Presionado por Estados Unidos, Duque buscaba luz verde para volver a las fumigaciones aéreas para contener el crecimiento de los cultivos ilegales, que financian a los grupos armados que controlan extensas zonas del territorio colombiano.
Antes de la sentencia de la corte en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió, en 2015, frenar las aspersiones al acoger una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera el glifosato como una sustancia «probablemente» cancerígena.
Tras lo resuelto por los magistrados este jueves, el Consejo Nacional de Estupefacientes – órgano responsable de la política antidrogas – tendrá que ponderar los riesgos a la salud y al medioambiente generados por el uso masivo del glifosato y el impacto del «problema de las drogas ilícitas», comentó la magistrada Gloria Ortiz.
En la práctica esto implica que el gobierno deberá cumplir con condiciones antes de retomar el uso del glifosato, entre ellas el diseño de un marco regulatorio que considere los potenciales daños y consulte a las comunidades en las zonas con cultivos.
La corte también le exige al gobierno que tenga en cuenta los compromisos alcanzados dentro del pacto paz de 2016 con la disuelta guerrilla de las FARC, que privilegian la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales en acuerdo con los campesinos, a cambio de ayudas estatales para que dejen la actividad.
Colombia produce cerca del 70% de la cocaína que circula en el mundo y Estados Unidos es su principal consumidor.
En 2017 Colombia alcanzó un récord mundial en área sembrada de hoja de coca: 171.000 hectáreas, según un informe de Naciones Unidas.
