Nueva York (Nueva York).- Una acusación formal presentada por el Distrito Sur de Nueva York ha sacudido nuevamente el panorama político internacional. Nicolás Maduro Moros, su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y varios altos funcionarios venezolanos enfrentan cargos por una presunta conspiración de narcoterrorismo que, según el gobierno de Estados Unidos, operó durante más de dos décadas y convirtió a Venezuela en un «narcoestado».
El documento judicial describe una red criminal profundamente arraigada en las estructuras del poder venezolano, en alianza con organizaciones como las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua. Según las autoridades estadounidenses, el objetivo de esta conspiración era claro: exportar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, enriquecerse ilícitamente y afianzar el control político y militar en Venezuela.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal tras una sorpresiva operación militar estadounidense que dio como resultado su captura y extracción desde Caracas.
¿Qué cambió con esta nueva acusación?
A diferencia de imputaciones anteriores, esta acusación supletoria amplía el número de involucrados e incluye nuevos actos criminales que habrían ocurrido hasta al menos 2024. Entre los señalados se encuentran miembros del círculo íntimo de Maduro, incluidos su esposa y su hijo, así como líderes del poder militar y político venezolano.
El documento detalla cuatro cargos principales: conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, uso de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos. Además, el gobierno estadounidense busca el decomiso de los bienes obtenidos a través de estas actividades ilegales.
¿A quiénes involucra esta acusación?
Entre los principales acusados destacan:
- Nicolás Maduro Moros: Presidente de facto de Venezuela, acusado de encabezar la operación criminal.
- Cilia Flores: Primera dama y expresidenta de la Asamblea Nacional, acusada de aceptar sobornos y facilitar contactos con narcotraficantes.
- Nicolás Maduro Guerra («Nicolasito»): Hijo de Nicolás Maduro, señalado por participar en el traslado de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos
- Diosdado Cabello Rondón: Uno de los hombres fuertes del chavismo, acusado de coordinar cargamentos de droga y proteger a narcotraficantes.
- Ramón Rodríguez Chacín: Exministro y exgobernador, acusado de dar refugio a miembros de las FARC.
- Héctor Guerrero Flores («Niño Guerrero»): Líder del Tren de Aragua, grupo criminal transnacional acusado de brindar seguridad armada a los cargamentos de droga.
¿Cómo operaba esta red de narcotráfico?
La acusación describe un sistema conocido como el «Cártel de los Soles», donde funcionarios civiles, militares y de inteligencia habrían utilizado sus cargos para permitir y facilitar el tráfico de droga desde Colombia a través de Venezuela, rumbo a Estados Unidos
Se estima que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela. Las rutas incluían vuelos clandestinos, cargamentos marítimos y el uso de pasaportes diplomáticos venezolanos vendidos a narcotraficantes.
El documento detalla también reuniones con líderes guerrilleros, protección estatal a campamentos de las FARC y operaciones conjuntas con cárteles mexicanos y pandillas armadas.
¿Desde cuándo ocurre esta presunta conspiración?
Los hechos detallados en la acusación se remontan a 1999, coincidiendo con el ascenso del chavismo al poder. A lo largo de más de 25 años, los acusados habrían aprovechado su control institucional para mantener la red operativa y expandir sus conexiones internacionales.
Algunos de los actos específicos incluyen:
- Envío de más de cinco toneladas de cocaína desde el hangar presidencial en 2006.
- Uso de aviones de PDVSA para transportar droga en 2014.
- Coordinación con las FARC para traficar armas y cocaína desde Colombia hasta 2026.
- Protección armada de cargamentos por parte del Tren de Aragua.
¿Qué implicaciones tiene para la comunidad internacional?
Esta acusación refuerza la postura de Estados Unidos de no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro y consolida una narrativa de Venezuela como un “narcoestado”.
El caso también podría tener consecuencias diplomáticas, financieras y judiciales para los acusados, incluyendo sanciones, restricciones migratorias y órdenes de captura. En 2020, Estados Unidos ofreció hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro.
Además, la vinculación con organizaciones terroristas extranjeras podría aumentar la presión sobre países aliados de Venezuela y encender alertas sobre la expansión de redes criminales en América Latina y Estados Unidos.
¿Qué deben saber los ciudadanos y cómo afecta a la comunidad?
Aunque los cargos se centran en altos mandos, el impacto del narcotráfico y la corrupción en Venezuela se ha sentido en toda la región. La migración forzada, la violencia en los corredores de tránsito de droga y la expansión del Tren de Aragua a países como Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos son consecuencias directas de este modelo criminal.
Para la comunidad hispana en Estados Unidos, este caso ilustra cómo el narcotráfico trasnacional no solo es un asunto de seguridad, sino también de derechos humanos, justicia y estabilidad regional.
¿Cuáles son los próximos pasos?
El Departamento de Justicia ha confirmado que se solicitará prisión preventiva sin derecho a fianza, dadas las implicaciones de los delitos.
El proceso judicial continuará en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Las autoridades estadounidenses han reiterado su compromiso de perseguir penalmente a quienes amenacen la seguridad nacional mediante el narcoterrorismo.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press.
