Sacramento (California).- En una movida histórica que podría reconfigurar el mapa político de Estados Unidos, el líder republicano de la Asamblea de California, James Gallagher (representante por East Nicolaus), presentó la Resolución Conjunta de la Asamblea 23 (AJR 23). Esta acción fue un llamado formal para permitir la creación de un nuevo estado compuesto por 35 condados del interior de California

Esta iniciativa responde al sentimiento creciente de abandono y desrepresentación que, según sus impulsores, sufren millones de ciudadanos que viven fuera de los centros urbanos y costeros del estado.

La resolución, que se presentó a la Legislatura de California, formaliza el consentimiento del estado —necesario según la Constitución de los Estados Unidos— para que los condados rurales e interiores puedan crear una nueva entidad estatal, siempre y cuando el Congreso federal también lo apruebe. 

De concretarse, el nuevo estado incluiría regiones del norte de California, la Sierra Nevada, el Valle Central y el Inland Empire, con una población proyectada de más de 10 millones de personas, lo que lo colocaría entre los diez estados más poblados del país.

Gallagher argumenta que el actual sistema político californiano ha evolucionado hasta marginar sistemáticamente a las comunidades rurales. 

«California está gobernada por políticos que no se preocupan porque no tienen por qué hacerlo», declaró el legislador. «Explotan nuestros recursos, aumentan nuestros costos y destruyen nuestras oportunidades laborales. Es hora de cambiar eso».


Entre las razones esgrimidas en la resolución destacan la concentración demográfica y política en áreas urbanas del sur y la costa, lo que ha llevado a una distribución inequitativa de recursos y representación. Según AJR 23, este desequilibrio no solo afecta el acceso a servicios, sino también la imposición de leyes y regulaciones que contradicen los valores y necesidades de las comunidades del interior.

El texto legislativo también destaca que los intentos de dividir California tienen una larga historia, remontándose a 1859, cuando una propuesta similar fue aprobada por los votantes, pero frenada por la Guerra Civil. Más recientemente, condados como Siskiyou, Modoc, Tehama y San Bernardino han expresado su apoyo a iniciativas de secesión o redistribución del poder estatal, cansados de sentirse ignorados por Sacramento.

En lo que respecta al perfil demográfico del nuevo estado propuesto, se trataría de una región ligeramente más joven que el promedio californiano, con un 25% de la población menor de 18 años. 

Su composición étnica sería mayoritariamente hispana (45%) y blanca no hispana (35%), con porcentajes menores de asiáticos (8%), afroamericanos (5%) y otras comunidades. Sin embargo, la educación formal presenta desafíos: solo el 20% posee un título universitario, cifra inferior al promedio estatal.

Desde la perspectiva de Gallagher y sus aliados, esta segmentación no solo devolvería la voz a millones de californianos olvidados, sino que también impulsaría una competencia saludable entre gobiernos estatales, promoviendo políticas más eficientes y adaptadas a cada realidad. 

El argumento central es claro: «La autodeterminación de los pueblos» es un principio constitucional que debería aplicarse cuando los mecanismos existentes fallan en representar a todos los ciudadanos.

California rural busca su independencia  35 condados proponen formar un nuevo estado
El líder republicano James Gallagher impulsa la Resolución AJR 23 para formar un nuevo estado con 35 condados rurales. Foto: Oficina del representante James Gallagher.

A nivel político, AJR 23 representa un golpe directo a lo que los republicanos califican como una «maniobra de manipulación electoral» impulsada por los demócratas mediante un rediseño de distritos que —afirman— reduce aún más la representación de las regiones rurales. 

En palabras de Gallagher: «Ahora quieren arrebatarnos lo poco que nos queda. No podemos seguir sujetos a un sistema que nos ignora. Gavin, deja ir a mi gente».

La propuesta ha generado reacciones polarizadas. Para algunos, se trata de una solución legítima ante décadas de marginación; para otros, un acto simbólico con pocas posibilidades de concretarse. Y es que, aunque el Congreso tiene la última palabra para aprobar la creación de un nuevo estado, la historia reciente muestra que tales movimientos enfrentan una montaña de obstáculos legales y políticos.

Aun así, el solo hecho de que AJR 23 haya llegado al recinto legislativo evidencia un malestar profundo y persistente en vastas regiones del estado dorado. El sentimiento compartido es de frustración, pero también de determinación. 

«Este es el primer paso de un largo camino. Pero ya hemos esperado demasiado», concluyó Gallagher.