Buenaventura (Colombia).- Es primera hora de la mañana en la ciudad costera de Buenaventura. Cuando sale el sol en uno de los puertos de mayor actividad de Colombia, suena rítmicamente en las calles la música de las marimbas de chonta mientras los pescadores y los trabajadores del sector pesquero se disponen a iniciar su jornada.
Sandra Gómez Montaño, una elaboradora de productos pesqueros de 55 años, es uno de los 400,000 habitantes de la localidad y, como la mayor parte de la población, depende de la pesca para su subsistencia.
Cada día compra pescado fresco a las platoneras, así llamadas porque tradicionalmente acarreaban grandes platos, o “platones”, sobre la cabeza.
Se trata de una tradición afrocolombiana transmitida de generación en generación, y estas vendedoras de pescado se enorgullecen de su herencia y de su papel en la sociedad.
“Las platoneras desempeñan un papel muy importante”, dice Sandra, que trabaja en estrecha colaboración con las vendedoras y transforma el pescado fresco en productos nutritivos para la comunidad.
Tanto las platoneras como las elaboradoras de productos pesqueros son un vínculo fundamental entre los alimentos de origen marino de producción local y las comunidades, ya que proporcionan una fuente de nutrición esencial para las familias del lugar.
El trabajo en el sector pesquero forma parte del legado de Sandra, puesto que su madre era platonera.
No obstante, reconoce que el sector adolece de considerables problemas: los ingresos de las trabajadoras del sector pesquero son, por lo general, muy bajos y pueden registrar grandes variaciones de un mes a otro.
Y si bien las trabajadoras del sector pesquero tienen acceso a la sanidad pública, se cuentan entre el 70 % de los trabajadores colombianos que, según las estimaciones, están por fuera de los programas de protección social.
Con demasiada frecuencia quedan excluidas de la pensión por jubilación y las prestaciones por desempleo, con lo que son más vulnerables a la inseguridad alimentaria y de los medios de vida.
Ahora, a través de su proyecto de Protección Social para la Pesca y la Acuicultura (SocPro4Fish)), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) colombiano, con la financiación del Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), están trabajando para mejorar las competencias empresariales de las platoneras y aumentar sus ingresos, así como para facilitar su acceso a los planes de protección social.
“El objetivo del proyecto SocPro4Fish es promover la inclusión económica y reforzar la resiliencia y la seguridad de los medios de vida de los pescadores y los trabajadores del sector pesquero ante las perturbaciones y sus repercusiones”, dice Heysel Calderón, Coordinadora Nacional de la FAO para el proyecto SocPro4Fish.
“Es muy importante entender que la protección social es una medida eficaz para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como un mecanismo para promover el desarrollo rural y la ordenación pesquera sostenible”.
Alrededor de 100 platoneras y trabajadoras del sector pesquero han participado hasta el momento en las actividades de capacitación, que también han servido para sensibilizar sobre los planes de pensiones públicos y ayudar a las trabajadoras a ponerse en contacto con los funcionarios para acceder a los programas sociales ofrecidos por el Gobierno de Colombia.
La protección social es esencial para el crecimiento inclusivo y sostenible y para la eliminación de la pobreza.
Aun así, según la Organización Internacional del Trabajo, más de la mitad de la población mundial, en especial las mujeres, está excluida de la protección social.
Por término medio, la cobertura de protección social de las mujeres es un 8 % inferior a la de los hombres.
En Colombia, el Gobierno ha intentado cerrar la brecha por medio de beneficios no contributivos, pero los niveles de cobertura y beneficios siguen siendo bajos.
La situación es aún peor en el sector pesquero, ya que la mayoría de los programas no reconocen las realidades sobre el terreno y, en muchas circunstancias, no son suficientemente sensibles para satisfacer las necesidades del sector.
Las actividades pesqueras en pequeña escala a menudo presentan altos niveles de informalidad, irregularidad y estacionalidad, y como consecuencia los pescadores en pequeña escala pueden quedar excluidos de las leyes que rigen el empleo formal, lo que impide su participación en los sistemas de protección social.
“A fin de cambiar esta situación, es necesario que haya más proyectos centrados en la ampliación de los programas de protección social, incluida la protección social en respuesta a las perturbaciones y sensible a las cuestiones de género para los pescadores y los trabajadores del sector pesquero”, dice Daniela Kalikoski, Oficial técnica principal de la FAO para la iniciativa SocPro4Fish.
En Colombia, la FAO y sus asociados han creado el Grupo Interinstitucional de Protección Social para la Pesca y Acuicultura, llamado GIPRO.
El Grupo reúne a representantes del Gobierno, los sectores público y privado, y los pescadores y trabajadores del sector pesquero para fomentar el diálogo y la adopción de medidas concretas orientadas a mejorar el acceso a los programas de protección social.
Si las trabajadoras del sector pesquero consiguen mejorar la seguridad de sus ingresos y el acceso a la sanidad pública, podrán llevar adelante sus empresas y planificar su futuro.
“Ahora nos sentimos apoyadas; disponemos de esta red de seguridad social que crea muchas oportunidades”, dice Sandra. “Podemos hablar de nuestro trabajo con dignidad. Por eso digo que ahora puedo hacer muchas cosas».
