Washington (D.C).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una lista oficial de estados, ciudades y condados identificados como jurisdicciones santuario, es decir, aquellas que aplican políticas que, según las autoridades federales, impiden o dificultan la implementación de las leyes migratorias del país.
Esta medida se enmarca dentro de la reciente orden ejecutiva 14287, firmada por el presidente Donald Trump el 28 de abril de 2025, titulada «Protección a las comunidades estadounidenses de criminales extranjeros».
La fiscal general Pamela Bondi afirmó que «las políticas santuario impiden la labor de las fuerzas del orden y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses por diseño». Añadió que el Departamento de Justicia continuará impulsando litigios contra estas jurisdicciones y trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para eliminar estas políticas que calificó como perjudiciales.
El documento identifica las principales características de una jurisdicción santuario. Entre ellas se encuentran las declaraciones públicas en las que ciudades, estados o condados se autodefinen como santuarios.
También se menciona el establecimiento de leyes u ordenanzas que limitan la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, se mencionan las restricciones en el intercambio de información sobre el estatus migratorio de los detenidos con las autoridades federales.
Otras prácticas señaladas por el Departamento de Justicia incluyen la negativa a utilizar fondos locales para apoyar la aplicación de las leyes migratorias federales, la falta de respuesta a solicitudes de ICE y la formación específica de empleados públicos y policías para no colaborar con las autoridades migratorias.
Además, se cita la negativa a cumplir con órdenes de detención de ICE a menos que exista una orden judicial firmada, y la creación de oficinas dedicadas a brindar asistencia a comunidades de inmigrantes en situación irregular, incluyendo orientación sobre cómo evitar a las autoridades federales.
También se destacan los programas de beneficios financiados por gobiernos locales que, según el gobierno federal, eluden las leyes que prohíben otorgar ciertos beneficios a inmigrantes ilegales. Estos programas incluyen asistencia médica, ayuda alimentaria y para vivienda, servicios legales, y otras formas de apoyo económico.
En cumplimiento de la orden ejecutiva 14287, se publicó la lista completa de jurisdicciones consideradas santuario, la cual incluye 14 estados, entre ellos California, Nueva York, Illinois, Oregón y Washington, además del Distrito de Columbia.
Entre los condados, aparecen en la lista Baltimore (Maryland), Cook (Illinois), San Diego y San Francisco (California). En cuanto a las ciudades, destacan Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Denver, Boston, Filadelfia, San Francisco, Portland, Seattle y Albuquerque, entre otras.
La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump sostiene que «algunos funcionarios estatales y locales continúan usando su autoridad para violar, obstruir y desafiar la aplicación de las leyes federales de inmigración».
En este contexto, la orden pide al Departamento de Justicia, junto con el DHS, que identifique públicamente a estas jurisdicciones y tome las acciones necesarias para asegurar que se aplique la ley federal de manera uniforme.
En los últimos meses, la administración ha intensificado las acciones legales contra estas jurisdicciones. Uno de los casos más recientes ocurrió el 24 de julio, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda formal contra la ciudad de Nueva York.
En otro ejemplo, la ciudad de Louisville, Kentucky, decidió revocar sus políticas santuario tras recibir una carta del Departamento de Justicia advirtiendo sobre consecuencias legales inminentes.
El anuncio ha generado reacciones encontradas en el país. Mientras sectores conservadores y funcionarios federales argumentan que estas medidas buscan fortalecer el estado de derecho y garantizar la seguridad pública. Activistas de derechos civiles y líderes locales de algunas de las jurisdicciones señaladas han denunciado lo que consideran un ataque político y una criminalización de las comunidades inmigrantes.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que las políticas del gobierno federal podrían generar un clima de miedo entre las comunidades afectadas, dificultando aún más la cooperación de inmigrantes con la policía en casos de violencia o crimen. También sostienen que estas políticas contradicen principios constitucionales de autonomía local.
No obstante, desde el Departamento de Justicia insisten en que la aplicación uniforme de la ley es necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses. Además, afirman que no se trata de una persecución contra inmigrantes, sino de una respuesta legal ante la desobediencia de autoridades locales a la legislación federal vigente.
| Categoría | Jurisdicción identificada |
| Estados | Colorado Connecticut Delaware Distrito de Columbia Illinois Minnesota Nevada Nueva York Oregón Rhode Island Vermont Washington |
| Condados | Baltimore, Maryland Cook, Illinois San Diego, California San Francisco, California |
| Ciudades | Albuquerque, Nuevo México Berkeley, California Boston, Massachusetts Chicago, Illinois Denver, Colorado East Lansing, Míchigan Hoboken, Nueva Jersey Jersey City, Nueva Jersey Los Ángeles, California Nueva Orleans, Luisiana Ciudad de Nueva York, Nueva York Newark, Nueva Jersey Paterson, Nueva Jersey Filadelfia, Pensilvania Portland, Oregón Rochester, Nueva York Seattle, Washington Ciudad de San Francisco, California |
