Buenos Aires (AFP) – El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó un proyecto de reforma judicial que aumentará el número de integrantes de la Corte Suprema, entre otros cambios, para garantizar el debido proceso, agilizar los juicios, e independizar la justicia del poder político, según dijo en un discurso.
«Solo busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron», dijo este miércoles Fernández, un peronista de centro-izquierda que por décadas ha sido profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires.
En un acto en la Casa Rosada, sede de la presidencia, Fernández subrayó que con este proyecto intenta «organizar mejor» la justicia y «superar la crisis que afecta la credibilidad».
El presidente criticó la actuación de la justicia durante el anterior gobierno del liberal Mauricio Macri (2015-19), periodo en el que se abrieron varias causas por presunta corrupción contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y varios de sus exfuncionarios.
Esos cuatro años «estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho», aseguró.
El proyecto de reforma judicial fusiona los 12 juzgados criminales con los 11 de penal económico y crea una justicia federal penal con sede en Buenos Aires.
En su discurso, Fernández apuntó que Macri suspendió por decreto la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal Federal, que había sido aprobado por el Parlamento durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), y señaló que la Agencia Federal de Inteligencia quedó «bajo un manto de sospecha» porque se le permitió manejar fondos reservados, lo que su gobierno canceló.
«Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial», dijo. «La arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso», agregó y denostó la utilización del «encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas» vulnerando el principio de inocencia y defensa en juicio.
Sin nombrarlo, aludió a lo que Kirchner ha denunciado como una «persecución judicial», con pedidos de prisión preventiva en su contra que no se aplicaron debido a sus fueros como senadora.
«Digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno», insistió Fernández.
La coalición opositora Juntos por el Cambio (derecha), liderada por Macri, anticipó su rechazo al proyecto que debe ser aprobado en el Parlamento.
Para avanzar en la reforma de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, órgano que juzga a los jueces, Fernández convocó a un consejo asesor de once juristas.
La oposición rechazó que entre sus miembros esté Carlos Beraldi, reconocido jurista y uno de los abogados de Kirchner.
