Amberes (Bélgica) (AFP) – Explosiones de granadas, tiroteos e incluso raptos de niños. El tráfico de cocaína en la región de Amberes (norte), proveniente de América Latina, genera una criminalidad cada vez más violenta ante la impotencia de las autoridades belgas.

Segundo puerto de mercancías de Europa, después de Róterdam, Amberes es la principal puerta de entrada de la cocaína en el continente, debido a su mayor vínculo comercial con América Latina, según las aduanas.

Esta droga suele llegar escondida en cargas de frutas o en las paredes de los contenedores que provienen de Brasil, Ecuador y Colombia.

A la vista de la tendencia actual (cerca de 40 toneladas de cocaína incautadas a fecha de 30 de septiembre), el último récord anual de 61,8 toneladas podría volver a batirse en 2020.

Una cifra a la que hay que sumar las casi 70 toneladas interceptadas en América Latina con destino a Amberes. Sin olvidar la estimación de la ONU, según la cual «las incautaciones solo representan un 10% de lo que entra en el país», precisa Kristian Vanderwaeren, administrador general de aduanas de Bélgica, durante un encuentro con la AFP en el puerto.

El gramo de cocaína se vende a 50 euros (58 dólares), lo que supone ganancias potencialmente astronómicas para las redes que controlan este tráfico, así como el rápido desarrollo de una economía paralela para blanquear estas cantidades: en coches de lujo, pequeños comercios e incluso en el sector inmobiliario.

En Amberes, «el dinero del crimen se ha infiltrado en la ciudad», dice Vanderwaeren.

Y en el kilométrico muelle del puerto «se pueden ganar rápidamente 80.000 euros [unos 94.000 dólares] recuperando bolsas», añade. «Agentes de aduanas ya fueron condenados por haber trabajado con la mafia», recuerda.

Según el fiscal federal Frédéric Van Leeuw, «las más altas esferas» de la sociedad son ahora el blanco de los traficantes que buscan complicidad. «Es muy preocupante», afirma.

La prueba: un exjefe de la gendarmería y tres policías fueron detenidos esta semana dentro de una investigación iniciada después de la incautación de 2,8 toneladas de cocaína a finales de 2019, en Limburgo (noreste).

«No te metas con eso»

Esta provincia de habla flamenca, vecina de la de Amberes, se ha convertido igualmente en la retaguardia del crimen organizado y de la «quick money» («dinero fácil»), según la expresión de los investigadores.

Además de por la circulación de cocaína, también es conocida por albergar laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas que trabajan para redes establecidas principalmente en la vecina Holanda.

En primavera (boreal), en pleno confinamiento establecido por la pandemia de nuevo coronavirus, un adolescente de 13 años fue secuestrado y mantenido cautivo durante más de un mes en Genk, debido a los vínculos de su familia con el mundo de la droga.

«Toma de rehenes, tortura, atentados con granadas, cócteles molotov, incendios provocados, tiroteos»: este es el abanico de violencia, según el fiscal de Limburgo, Guido Vermeiren.

El jueves, junto a otros altos magistrados reunidos en la sede de la fiscalía general, Vermeiren alertó al gobierno de la falta de medios humanos y materiales para afrontar las redes criminales.

Por su parte, el fiscal federal comparó el tráfico de droga con «un cáncer», denunciando tanto la infiltración de dinero sucio en la economía como la inseguridad que sufre la población.

Una inseguridad que afecta en especial a algunos barrios de Amberes, donde disparos o explosiones de granadas despiertan a menudo a los habitantes desde hace más de dos años. Esto llevó a la ciudad a reforzar las patrullas nocturnas de policía desde septiembre.

En el barrio de Deurne, donde se instaló para estudiar esta criminalidad, el antropólogo holandés Teun Voeten muestra un cristal de una farmacia acribillado de impactos de bala, tras un tiroteo.

Según él, el inmueble donde se encuentra la botica era un blanco porque «su propietario es conocido por sus relaciones con traficantes». El mensaje, anticipa, «quizás era ‘déjanos en paz, no te metas con esto'», una manera de intimidar, de hacer que respeten su territorio.

«El gran problema es que inocentes o víctimas [de estos ataques] están igualmente amenazados», lamenta Wouter Bruyns, portavoz de la policía de Amberes.

Contenido relacionado

El senador que plantea legalizar la cocaína en Colombia