Luxemburgo (AFP) – La Unión Europea (UE) se aferra a su iniciativa con países latinoamericanos para lograr una salida a la crisis en Venezuela, la «única» con acceso a todas las partes, pese a sus exiguos progresos y el peso cada vez mayor de Rusia y Estados Unidos.
«El Grupo de Contacto Internacional (GCI) no tiene fecha de expiración», defendió este lunes la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, al término de una reunión de cancilleres europeos en Luxemburgo, donde abordaron la situación.
Al anunciar en Bucarest en enero la creación del grupo, Mogherini indicó que su duración era de «90 días» para evitar dar un balón de oxígeno al gobierno venezolano y que si no se lograban resultados, se podía poner fin a su mandato antes.
Pero ante el agravamiento de las crisis y el papel de Moscú y Washington, la UE vería con buenos ojos una prórroga más allá de ese plazo para la «única iniciativa internacional», según la cancillería luxemburguesa, que «dialoga con ambas partes».
Al bloque le preocupa la «instrumentalización de la crisis por Estados Unidos y Rusia, que arruina sus esfuerzos», explicó un diplomático, para quien ambas potencias, que apoyan bandos opuestos, están «jugando a un juego peligroso».
Cuando pasen los 90 días a inicios de mayo, el GCI formado por la UE, ocho países europeos, entre ellos España, y los latinoamericanos Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, decidirá «el camino a seguir», subrayó la ex canciller italiana.
Mientras tanto, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, urgió durante la reunión a acelerar los trabajos en los 30 días que quedan, porque «un mes es mucho tiempo para la situación dramática que está viviendo ese país», aseguró.
– «Hoja de ruta» –
Desde el lanzamiento formal del grupo el 7 de febrero en Montevideo, este logró progresar en su objetivo de luchar contra la crisis humanitaria en Venezuela, donde, según la ONU, casi un cuarto de la población necesita ayuda humanitaria urgente.
La jefa de la diplomacia europea, que siempre ha defendido que hay que despolitizar la ayuda humanitaria, celebró así que «Naciones Unidas y Cruz Roja hayan comenzado su labor de manera más eficaz sobre el terreno».
Pero el principal escollo sigue siendo cómo lograr una elección presidencial anticipada en Venezuela, donde se miden el opositor Juan Guaidó, reconocido presidente por más de 50 países, y el mandatario socialista Nicolás Maduro.
Una elección «libre y transparente» parece «ser un objetivo muy lejano, dado que Maduro dice no estar dispuesto a comprometerse en este proceso», reconoció Mogherini, asegurando que intensificarán los trabajos para conseguirla.
La UE y sus socios latinoamericanos, que deben reunirse a inicios de mayo en Costa Rica, preparan ahora «una hoja de ruta» con los eventuales pasos «necesarios» para conducir al país a una «transición democrática y pacífica», precisó.
Devolver la legitimidad a las instituciones clave, garantizar la participación de todos los posibles candidatos en los comicios o permitir misiones de observación internacional son algunos de los pasos que ya apuntaron en su reunión de Quito en marzo.
– ¿Nuevas sanciones? –
Guaidó está bajo amenaza de arresto, luego de que el pasado martes la oficialista Asamblea Constituyente lo despojara de su inmunidad y autorizara enjuiciarlo por «usurpar» las funciones del mandatario socialista.
«Si hubiera actuaciones contra el señor Guaidó, eso justificaría sin duda una toma rápida de sanciones contra los responsables», advirtió Borrell, quien dijo que ya se está estudiando una «lista» de posibles personas a sancionar.
La UE, que no reconoce la legitimidad de la Asamblea Constituyente ni del segundo mandato de Maduro, considera que la decisión supone una violación de la Constitución venezolana y del Estado de derecho en el país.
Para los europeos, la única institución con legitimidad en el país es el Parlamento venezolano que preside Guaidó, que sería además, a su juicio, el único órgano autorizado para levantarle la inmunidad.
La UE impuso un embargo de armas en 2017 y, a continuación, sancionó a 18 funcionarios, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por deteriorar, en su opinión, la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
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