Madres de Plaza de Mayo impiden ejecutar orden judicial en Argentina
Hebe de Bonafini, titular de la organización Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires el 4 de mayo de 2017 © AFP/Archivos JUAN MABROMATA

Buenos Aires (AFP) – Las Madres de Plaza de Mayo impidieron este lunes el ingreso a su sede en Buenos Aires de un oficial de justicia para inventariar el archivo de la asociación de defensa de los derechos humanos, en el marco de una causa por quiebra.

Apoyadas por cientos de manifestantes, las activistas impidieron el paso del oficial judicial, que debió retirarse custodiado por la policía sin realizar la diligencia.

Las Madres habían convocado a acudir a la sede ubicada frente al Congreso de la Nación en “defensa del archivo histórico” de la asociación.

El funcionario judicial debía realizar un inventario de los bienes.

“Dieron la orden para romper la reja. No les importa nada, ellos están rompiendo el país”, dijo a la prensa en el lugar Hebe de Bonafini, titular de la organización humanitaria que busca a sus hijos desaparecidos en la dictadura (1976-1983).

La asociación Madres de Plaza de Mayo fue declarada en quiebra en junio de 2017 a raíz de la demanda de un exempleado por sueldos impagos.

Bonafini considera que la orden judicial de ingresar a la sede es una represalia por su oposición al gobierno del presidente liberal Mauricio Macri.

“Esto es el precio de haberle dicho desde el primer día que era nuestro enemigo, no nos equivocamos en nada”, remarcó la líder de Madres.

Bonafini, de 90 años, tiene a sus dos hijos y a su nuera desaparecidos y se moviliza con bastón o en silla de ruedas debido a dificultades para caminar.

“Yo peleo sin armas, con el cuerpo nomás”, dijo.

El abogado de la quiebra, Daniel Truffat, indicó que la orden judicial era “realizar el inventario en la sede” sin retirar del lugar documentación alguna.

“Ya se había hecho en forma parcial, habíamos acudido en tres o cuatro ocasiones y Hebe siempre nos recibió sin problemas. En algún momento se hará, buscaremos la manera de llegar a un acuerdo”, dijo al canal TN.

Por otro lado, Bonafini está acusada de ser partícipe secundaria en una causa por presunto desvío de fondos públicos que aguarda su elevación a juicio.

Ella y el exapoderado de la fundación, Sergio Schocklender, están investigados por presunto desvío de fondos públicos por el dinero que recibió la fundación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) para la construcción de viviendas sociales.