México creará fiscalía especial para hallar a 43 estudiantes desaparecidos en 2014
Familiares de "los 43 de Ayotzinapa" asisten al lanzamiento, en el ministerio del Interior mexicano, de una comisión para esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos en 2014, el 15 de enero de 2019, en la capital mexicana © AFP ALFREDO ESTRELLA

México (AFP) – México creará una fiscalía especial para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en 2014, después de que organismos internacionales denunciaran irregularidades en la primera investigación oficial, reportó el gobierno este jueves en un comunicado.

El fiscal general, Alejandro Gertz, “se comprometió a crear una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa, que reponga y dé un nuevo cauce a la investigación”, dijo la secretaría de Gobernación.

El anuncio fue resultado de la primera reunión entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia creada para el caso conocido como Ayotzinapa, instalada a mediados de enero, la fiscalía general y representantes de la cancillería.

“Dar con el paradero de los estudiantes” será el principal objetivo de la fiscalía, aseguró Gertz ante madres de los estudiantes de la escuela rural para maestros Ayotzinapa desaparecidos y un representante de ese plantel educativo, concluyó el comunicado.

“No alcanzar la verdad en casos como el de Ayotzinapa socavaría la credibilidad de la recientemente reformada institución de procuración de justicia”, prosiguió el fiscal designado por el presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

“Todo aquel que quiera ayudar a que se conozca la verdad sobre Ayotzinapa va a tener protección (…) porque nos importa mucho saber la verdad”, dijo Gertz este jueves en Iguala, Guerrero, donde fueron vistos por última vez los jóvenes.

Según la hipótesis que manejó la fiscalía bajo el gobierno del hoy expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes se apoderaron de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías corruptos el 26 de septiembre de 2014.

Después todos habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar sus cenizas a un río.

Sin embargo, el resultado de la investigación del gobierno de Peña Nieto fue criticado por el ombudsman de México -que lo acusó de difundir información falsa o parcial del caso-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y otras organizaciones.