Coatzacoalcos (México) (AFP) – Una persona murió calcinada y otras cinco resultaron con quemaduras graves este sábado tras la explosión de un ducto de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una zona de sembradíos de Veracruz, en el este del país, informaron autoridades locales.
El incendio fue «causado por una toma clandestina» en el poliducto Minatilán-México, aseguró Pemex en un comunicado.
Por su parte, el gobierno de Veracruz informó que la explosión ocurrió en el municipio de Ixtaczoquitlán, «sobre el ducto de Pemex que transporta gasolina» a Ciudad de México.
Este lugar está cerca de una zona habitada, por lo que fueron evacuados pobladores de la comunidad Zapoapan, incluyendo un centenar de alumnos de un centro universitario que se encontraba laborando.
Tras la explosión, «falleció una persona y resultaron lesionados con quemaduras dos mujeres y tres hombres», añadió.
Un informe de la policía estatal al que tuvo acceso la AFP, indica que entre los lesionados hay una menor de 15 años «con probable embarazo», quien tuvo que ser hospitalizada con quemaduras en el 65% de su cuerpo.
Según Protección civil, el incendio ya se encuentra «controlado».
Veracruz, al igual que sus vecinos Puebla y Tamaulipas, es uno de los estados más afectados por el robo de combustible, un delito al alza y que involucra al crimen organizado.
En mayo, en otro lugar cercano a Ixtaczoquitlán, cuatro personas murieron carbonizadas tras quedar atrapadas dentro del vehículo en que viajaban, y que se incendió al cruzar un charco de combustible derramado sobre una toma clandestina destinada a robar a Pemex.
Esta actividad ilícita, conocida popularmente en México como «huachicol», ha desatado cruentos enfrentamientos entre autoridades, bandas organizadas y miles de familias que viven de esta práctica, especialmente en Puebla, vecino de la capital.
Pemex, la gigantesca empresa que controla el sector energético en México, dijo a la AFP a inicios de junio que los robos le han costado unos 2.410 millones de dólares, sin precisar en qué lapso ha sufrido esta pérdida económica.
Según cifras oficiales, el número de tomas clandestinas pasó de un total de 2.612 en todo 2013 a 6.873 en el 2016. Tan sólo en el primer trimestre de este año, el gobierno había contabilizado 2.683.
