El Tigre (Venezuela) (AFP) – Amelia y Jemmily se besan y se funden en un abrazo, emocionadas porque acaban de firmar un «pacto simbólico de convivencia», lo más parecido al matrimonio igualitario en una Venezuela conservadora que no ha legislado sobre esta materia.
Ambas viajaron a El Tigre, un golpeado pueblo petrolero en el estado Anzoátegui (este), cuyo alcalde quiere convertir en «Las Vegas de Venezuela» ofreciendo paquetes turísticos para la comunidad LGBTI. Uno de ellos es este «acuerdo» de voluntades sin validez legal.
«Esto es un avance personal, pero también es darle al impulso para que esto no se quede así crudo, que se cocine», reflexiona Jemmily Hudson, quien con 12 años fue expulsada de su casa después de confesarle a sus padres que era lesbiana. «Todo está engavetado, no avanzamos», dice sobre los proyectos para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.
Jemmily, de 37 años, soñó durante años casarse con Amelia Morales, diez años mayor. Ambas pensaron viajar a Colombia, donde es legal el matrimonio igualitario, pero nunca lo concretaron por falta de dinero.
El «pacto» cita artículos de la Constitución venezolana contra la discriminación y a favor de la libertad de expresión y establece que las partes acuerdan «vivir en cohabitación, permanencia y singularidad» y que «los bienes adquiridos desde este momento serán considerados bienes comunes».
Amelia y Jemmily sienten que este acto visibiliza una causa pendiente. Es tal su felicidad que se acercan a estrechar las manos de un centenar de personas que las animan desde la calle.
«Es un modo de decirle a las parejas de mujeres que están en la misma situación que no se rindan», comentan a la AFP sonrientes tras un viaje de más de 400 kilómetros por tierra desde Caracas.
El acto, en el que varias parejas consumaron el «pacto simbólico», se realizó en un local nocturno. Las asistentes vistieron ropas elegantes, intercambiaron anillos y en la celebración ondearon banderas con el arcoíris LGBTI.
Paquetes de 400-800 dólares –
Venezuela está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), que no pueden casarse, adoptar o tomar decisiones médicas sobre una pareja.
Aunque la Constitución venezolana de 1999 establece que el Estado "protege" el matrimonio "entre un hombre y una mujer", el Tribunal Supremo de Justicia sentenció en 2008 que ello "no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo". Y en 2016 determinó que las familias homoparentales deben tener "protección".
Pero la Asamblea Nacional no ha legislado.
El Tigre entró en el radar de la comunidad LGBTI luego de que su alcalde, Ernesto Paraqueima, anunció en febrero un decreto para ordenar "celebrar y registrar los matrimonios sin discriminación fundada" en "orientación sexual, identidad de género, expresión de género", según un borrador.
Pero el decreto no se promulgó aún y la propuesta se diluyó a una oferta de paquetes turísticos, de entre 400 y 800 dólares, para generar ingresos a las arcas de este pueblo que por décadas vivió de la bonanza petrolera.
Los planes incluyen hospedaje, boletos y la fiesta, algo con lo que el político opositor, de 49 años, busca convertir a El Tigre en "Las Vegas de Venezuela", un guiño a la ciudad que celebra más bodas en Estados Unidos.
Pero la "pelea" por legalizar el matrimonio igualitario la tiene que dar el movimiento LGBTI, repara, marcando una distancia que le valió críticas de fomentar un "show" y aprovecharse de las parejas del mismo sexo que buscan casarse.
"Esto va a ser un arma muy poderosa desde el punto de vista político", se defiende. "Nadie ha hecho esto en el país, hemos sido atrevidos".
Matrimonio "de mentira" -
Opuestos a las ideas del alcalde, más de mil miembros de unas cincuenta iglesias evangélicas y católicas de El Tigre protestaron contra lo que consideran una propuesta "anticristiana" y "contraria al derecho".
"No tenemos dudas que al cobrarles a personas del mismo sexo por ese supuesto pacto civil (…) por casarlos de mentira, lo hace fraudulentamente y deberá encarar los órganos de justicia venezolana", dice a la AFP el abogado Miguel Cabello, asesor jurídico de la unidad ministerial Cristiana de El Tigre.
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Pero Paraqueima asegura que al ser un acto simbólico, "no se está violando la legalidad".
En la unión "no participa el Estado, es un contrato privado, no participa registro, no participa la notaría, no participo yo, no participa el gobierno municipal, no participamos, nosotros organizamos lo que tiene que ver con el evento", aclara el alcalde, que de hecho no asistió a la publicitada ceremonia.
Amelia y Jemmily -cada una madre de tres hijos de relaciones anteriores- planifican ahora una fiesta en Caracas con su familia, que al principio se opuso a su relación. Ahora la celebran.
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