Los Ángeles (California).- La confianza pública en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles aumentó tres puntos en un año. Sin embargo, los costos de traslado y la presencia de agentes federales de inmigración cerca de los tribunales continúan condicionando la forma en que los residentes acceden a la justicia.

Una encuesta encargada por la Corte encontró que 67% de los participantes tenía «mucha” o «alguna» confianza en la institución, frente a 64% en 2025. El resultado fue el nivel más alto entre las instituciones gubernamentales incluidas en el estudio.

El sondeo entrevistó a 1,000 adultos representativos de la población del condado entre el 7 y el 18 de mayo de 2026. Las entrevistas se realizaron en inglés y español mediante internet y mensajes de texto con enlace web.

Temor migratorio modifica las comparecencias

El 57% de los encuestados dijo que tendría menos probabilidades de comparecer personalmente cuando la actividad federal de control migratorio se encuentra cerca de un tribunal.

David W. Slayton, director ejecutivo y secretario de la Corte, reconoció que el costo de vida, la retórica política y las acciones federales de inmigración han afectado la manera en que los residentes utilizan los servicios judiciales.

La Corte estudia la expansión de servicios remotos y un modelo de atención más localizado.

Los costos de transporte constituyen otra barrera. El 68% afirmó que el aumento del precio de la gasolina reducía su disposición a viajar hasta un tribunal.

Aun así, el 61% prefiere acudir personalmente para obtener servicios. Al mismo tiempo, 54% mostró interés en utilizar el sitio web, 40% en recibir atención telefónica y 33% en usar oficinas o quioscos locales.

Mejoras modestas en derechos, imparcialidad y desempeño

La encuesta registró aumentos en varias medidas.

El 61% considera que la Corte está comprometida con la protección de derechos individuales y civiles, frente a 60% el año anterior. El 55% la percibe como un contrapeso apropiado frente a otras ramas del gobierno, dos puntos más que en 2025.

Entre quienes tuvieron experiencia directa con la Corte, 70% manifestó satisfacción con la imparcialidad del proceso, independientemente del resultado. La cifra había sido de 69%.

La proporción que calificó el desempeño como excelente o bueno subió de 47% a 50%.

El juez presidente Sergio C. Tapia II explicó que la encuesta inicial de 2025 permitió identificar fortalezas y áreas de mejora. La comparación de 2026 ofrece ahora una forma de medir cambios y localizar barreras para la justicia.

Apoyo condicionado al uso de inteligencia artificial

La encuesta también examinó la percepción de la inteligencia artificial.

El 46% expresó preocupación general por el aumento de su uso en la vida cotidiana. Sin embargo, 57% apoya herramientas que ayuden a los usuarios a encontrar información, completar formularios o acceder a servicios fuera del horario habitual.

El apoyo aumenta cuando existen límites para proteger datos: 58% dijo que estaría más dispuesto a aceptar inteligencia artificial si se prohibiera que los funcionarios judiciales introdujeran información confidencial o de identificación personal en sistemas públicos.

La política de la Corte ya aborda el uso de información confidencial en herramientas de inteligencia artificial.

La institución también creó un centro informativo que afirma que la tecnología no sustituirá ni comprometerá la integridad, independencia, imparcialidad o autoridad de las decisiones judiciales.

Nuevas herramientas dentro del plan estratégico

Los resultados serán utilizados para ajustar el Plan Estratégico 2025-2028.

Entre los proyectos recientes figura una plataforma que automatiza avisos a agencias policiales sobre violaciones de órdenes de restricción vinculadas con la entrega de armas de fuego.

La Corte amplió además la interpretación remota en lenguaje de señas estadounidense para jurados sordos o con dificultades auditivas y creó un nuevo sistema de orientación en el Palacio de Justicia Stanley Mosk.

La Corte Superior atiende a una población de casi 10 millones de personas mediante 36 tribunales. Su jurisdicción cubre más de 4,000 millas cuadradas, 88 ciudades y 140 áreas no incorporadas.

Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press. 

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