Washington (DC).- Uno de cada cinco participantes en un estudio de la Organización de los Estados Americanos sobre personas encarceladas por transportar drogas en vuelos fue reclutado mediante amenazas, coacción o engaño. La investigación, realizada en cinco prisiones de Perú y España, examina el papel de la necesidad económica y de las relaciones de confianza en ese reclutamiento.

El trabajo reúne 386 casos válidos de más de 400 entrevistas. Sus autores advierten que se trata de una investigación exploratoria con una muestra por conveniencia: describe a quienes respondieron, no al conjunto de las personas encarceladas por ese delito.

Esa delimitación acompaña uno de los hallazgos centrales. Entre los entrevistados en prisiones españolas, el porcentaje de reclutamiento mediante coacción llegó al 31,3 %. En las prisiones peruanas fue del 8 %. Los resultados corresponden a centros del país de destino, España, y del país de origen, Perú, incluidos en la investigación.

Amigos y familiares aparecen en las rutas de reclutamiento

El estudio, titulado «Transportistas de droga: el eslabón más débil del narcotráfico por vía aérea» (Drug Couriers: The Weakest Link in Drug Trafficking by Air), fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA y la Universidad Pontificia Comillas.

Los amigos reclutaron al 61,2 % de los participantes; los conocidos, al 8,8 %; la pareja, al 7,5 %, y un familiar, al 6,8 %. Más de ocho de cada diez llegaron a la actividad a través de un vínculo previo de confianza.

Para el 85,9 % era la primera vez que transportaban drogas. El 87,5 % estaba en prisión por primera vez. La edad media de la muestra fue de 38 años y el 77 % tenía hijos, con un promedio de 2,8 personas dependientes.

Antonio Lomba, director del proyecto, explicó que encontraron principalmente a personas sin antecedentes penales, reclutadas por alguien de confianza en un momento de necesidad. Planteó que distinguir jurídicamente a quienes transportan la droga de quienes organizan el negocio permitiría dirigir la respuesta penal hacia quienes obtienen sus beneficios.

Tener ingresos no evitó la vulnerabilidad económica

Dos de cada tres entrevistados disponían de algún ingreso cuando fueron reclutados, pero resultaba insuficiente. El pago prometido por un solo viaje equivalía a varios meses, o incluso años, de ingresos, identificaron los investigadores.

El perfil educativo tampoco se limita a personas sin estudios. El 69,7 % había completado la secundaria o un nivel superior y el 20,8 % había cursado estudios universitarios. El 97,4 % vivía en zonas urbanas.

Las mujeres reportaron pagos cercanos a la mitad de los recibidos por los hombres por la misma actividad y anticipos menores. La investigación también identificó penas un año más cortas entre las mujeres entrevistadas.

Esas diferencias forman parte de un análisis que relaciona condiciones económicas, formas de reclutamiento y experiencias personales. Los autores consideran que algunos casos podrían constituir criminalidad forzada o trata de personas con fines de explotación delictiva.

Escaso conocimiento de los riesgos para la salud

El 41 % desconocía los riesgos del viaje en el que fue detenido. Entre quienes tenían alguna información, siete de cada diez pensaban únicamente en la posibilidad de ir a prisión.

Solo el 3,3 % identificó riesgos para su salud o su vida, aunque el 14,5 % transportaba las drogas dentro del cuerpo.

Los investigadores documentaron también malestar psicológico e historias de violencia. El 52,5 % describió ansiedad o pérdida de control emocional durante los seis meses anteriores, frente a un 12,7 % con diagnóstico formal.

Además, 197 participantes, equivalentes al 50,8 % de los encuestados, consideraban que su salud mental había influido en la decisión de aceptar el viaje. Sesenta y nueve personas reportaron agresiones sexuales previas; entre ellas, el 76,4 % no había recibido apoyo psicológico.

Las familias asumen buena parte de los gastos legales

El 44,8 % de quienes respondieron vinculó su delito con una red criminal. Una cuarta parte no sabía si existía esa conexión.

Después del arresto, la organización criminal cubrió los gastos legales en apenas el 2,2 % de los casos. En cambio, el costo recayó en las familias en el 41,8 % y en las propias personas detenidas en el 29,1 %.

El estudio propone reconocer la coacción mediante circunstancias atenuantes y regímenes diferenciados, distinguir a los transportistas de quienes ocupan posiciones de poder y ampliar alternativas al encarcelamiento para primeros delitos o vulnerabilidad demostrada.

Protección frente a la explotación y empleo tras la prisión

Los autores recomiendan protocolos para víctimas de explotación delictiva distintos de los aplicados a participantes voluntarios. También proponen evaluar la salud mental y las experiencias de violencia de las personas detenidas.

En los aeropuertos, sugieren unificar protocolos policiales y reforzar la formación en derechos humanos y en las causas del delito. Para después de la prisión, plantean programas de empleo: el 78,1 % de los entrevistados señaló que trabajar será su primera necesidad al recuperar la libertad.

La investigación integra un proyecto financiado por el Gobierno de Canadá y desarrollado en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Su alcance exploratorio deja los resultados ligados a las experiencias de las personas entrevistadas en las cinco prisiones.

Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press

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