Los Ángeles (California).- Los Ángeles volverá a aplicar una prohibición municipal a las nuevas perforaciones de petróleo y gas y colocará a los pozos existentes en una ruta de cierre, tras una ordenanza que exige terminar esas operaciones dentro de los 20 años siguientes a su entrada en vigor, salvo que corresponda un plazo anterior.
La medida alcanza a toda la ciudad y designa los pozos existentes como usos no conformes. Esa clasificación forma parte del mecanismo para retirar progresivamente la actividad, mientras las nuevas perforaciones quedan prohibidas.
Para las comunidades que viven junto a las instalaciones, la firma abre una etapa de cumplimiento que se extenderá durante años. La coalición STAND-LA respaldó la decisión, pero advirtió que los residentes seguirán despertando al lado de operaciones de perforación después de la aprobación.
Nuevas perforaciones prohibidas y operaciones existentes con plazo de cierre
La ordenanza restringe también la expansión y la remodelación de las operaciones actuales. Establece excepciones limitadas para trabajos necesarios frente a amenazas a la salud pública, la seguridad o el medioambiente, y refuerza los requisitos de mitigación, vigilancia y cumplimiento.
El plazo de 20 años se cuenta desde la fecha en que la ordenanza entra en vigor. No representa un cierre simultáneo de todos los pozos el día de la firma. La obligación puede adelantarse cuando exista otro plazo aplicable a una operación.
La alcaldesa Karen Bass vinculó la decisión con los efectos que la actividad petrolera ha tenido durante décadas sobre los vecindarios. La alcaldesa señaló que las comunidades han vivido con esos impactos y con problemas de salud asociados a las operaciones cercanas.
La medida recibió respaldo de integrantes del Concejo Municipal y organizaciones comunitarias que han trabajado por retirar la perforación de zonas residenciales. Sus intervenciones destacaron la cercanía de instalaciones con hogares, escuelas y otros espacios de uso cotidiano.
Viviendas y escuelas cercanas a pozos, en el centro del debate
El presidente del Concejo, Marqueece Harris-Dawson, describió la situación de familias trabajadoras del sur de Los Ángeles que han vivido frente a operaciones de perforación. Reconoció la labor de STAND-LA y de residentes que reclamaron cambios en sus vecindarios.
Adrin Nazarian, presidente del Comité de Energía y Medioambiente, señaló que generaciones de habitantes, especialmente en comunidades de bajos ingresos y de color, han respirado aire contaminado por pozos próximos a viviendas y escuelas. El concejal defendió la prohibición de nuevas perforaciones y una ruta de cierre para las existentes.
La ciudad identifica entre los efectos de estas operaciones las emisiones, los olores, el ruido, los derrames y el tráfico de camiones. También señala impactos vinculados al uso del suelo, en particular cuando las instalaciones están cerca de parques, lugares de culto y centros de atención médica.
La concejala Katy Yaroslavsky puso el acento en las obligaciones que acompañan el cierre. Planteó la necesidad de sellar adecuadamente los pozos, limpiar los sitios y exigir responsabilidades a las empresas que los operan.
Una ordenanza anterior fue retirada después de una decisión judicial
La nueva regulación retoma una política que Los Ángeles había adoptado en diciembre de 2022. Aquella ordenanza también prohibía nuevas extracciones de petróleo y gas y designaba las operaciones existentes como usos no conformes.
La ciudad la retiró después de una decisión judicial surgida de impugnaciones legales. Posteriormente, la Legislatura de California aprobó AB 3233, que reafirmó la autoridad de los gobiernos locales para regular o prohibir el desarrollo de petróleo y gas.
La ordenanza firmada por Bass utiliza esa autoridad para restablecer el enfoque municipal de eliminación gradual de la perforación. El cambio se apoya así en una base de autoridad local que la legislación estatal volvió a reconocer tras el litigio anterior.
Organizaciones comunitarias reclaman que se cumpla la eliminación gradual
STAND-LA agradeció el respaldo de la alcaldesa a las comunidades que viven junto a las instalaciones, aunque presentó la firma como el comienzo de un compromiso. La coalición afirmó que mantendrá su defensa de la salud de los residentes mientras continúen las operaciones.
Wendy Miranda, de Esperanza Community Housing, consideró que la decisión puede servir como modelo para otras ciudades estadounidenses que busquen retirar infraestructura de combustibles fósiles con atención a la salud y la seguridad públicas.
El reverendo Victor Cyrus-Franklin, pastor principal de Holman United Methodist Church, destacó el compromiso que reciben las comunidades negras y latinas después de más de una década de movilización.
La aprobación reúne esas demandas con restricciones para nuevas perforaciones, controles sobre las operaciones actuales y una obligación de cese que deberá materializarse durante el periodo establecido por la ciudad.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press
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La ordenanza firmada por Karen Bass exige el cese de las operaciones existentes dentro de 20 años de su entrada en vigor, salvo plazos anteriores aplicables.
