Washington (D.C).- El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025.
Con base en Venezuela, esta organización está encabezada por Nicolás Maduro y altos funcionarios del régimen que Washington considera ilegítimo, a quienes acusa de haber corrompido todas las ramas del Estado venezolano para sostener una red criminal transnacional.
Esta designación marca una escalada significativa en la política exterior de la administración Trump, que ha redoblado su estrategia de presión contra lo que califica como una dictadura narco-terrorista.
El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro acusan al Cartel de los Soles de colaborar estrechamente con otros grupos terroristas previamente designados, como Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Según el gobierno estadounidense, estas alianzas están detrás de una ola de violencia en todo el hemisferio y del tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La inclusión de esta red en la lista de organizaciones terroristas permite a Estados Unidos desplegar herramientas legales, financieras y militares que hasta ahora solo se utilizaban en conflictos con actores terroristas como Al Qaeda o ISIS.
El impacto de esta medida es amplio y multifacético. En el plano financiero, la designación permite al Departamento del Tesoro bloquear activos y prohibir cualquier tipo de apoyo material, lo cual debilita significativamente las fuentes de financiamiento del régimen.
Se estima que entre el 20 y el 30 % del aparato estatal venezolano se sostiene gracias al narcotráfico, por lo que el congelamiento de cuentas, la interrupción de transacciones internacionales y el aislamiento del sistema bancario global podrían ahondar la crisis económica ya existente.
A esto se suma el riesgo de sanciones secundarias para países aliados del régimen como Rusia y China, que podrían reevaluar su apoyo para evitar complicaciones con Washington.
Desde el punto de vista legal y diplomático, la designación como FTO tiene consecuencias directas para Nicolás Maduro y su círculo de poder. Estos individuos quedarían automáticamente inhabilitados para entrar a Estados Unidos, y serían objeto de vigilancia más intensa, así como de eventuales procesos judiciales bajo leyes antiterroristas.
Además, la decisión ha provocado un efecto dominó en la región: países como Ecuador, Paraguay, Argentina y República Dominicana ya han adoptado posturas similares, aislando aún más al gobierno venezolano en organismos multilaterales como la OEA.
La dimensión militar de la designación no es menor. La administración Trump ha utilizado el marco legal de lucha contra el terrorismo para justificar acciones militares, como los 21 ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas desde septiembre de 2025, que han dejado más de 80 muertos.
Además, el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe refuerza el mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a aumentar la presión militar directa. Esta postura podría derivar en ataques quirúrgicos contra infraestructura vinculada al cartel, incluyendo laboratorios, pistas clandestinas o rutas marítimas, sin necesidad de declarar formalmente una guerra.
Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro como legítimo y lo considera una amenaza directa a la seguridad hemisférica. Calificar al presidente venezolano como “narco-terrorista” busca socavar aún más su legitimidad interna e internacional, fomentar divisiones dentro del régimen y alentar tanto movimientos opositores como posibles rupturas dentro de las fuerzas armadas venezolanas.
Este discurso encuentra eco en sectores de la oposición venezolana que consideran esta acción como un impulso para debilitar al régimen desde adentro.
Desde julio de 2025, el Departamento del Tesoro había avanzado en esta línea al sancionar al Cartel de los Soles como Entidad Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT), señalando que Maduro y su entorno han brindado apoyo material y financiero tanto al Tren de Aragua como al Cártel de Sinaloa.
Estos dos grupos han sido responsables de actividades criminales que incluyen tráfico de drogas, trata de personas, explotación sexual y lavado de dinero. Las sanciones se amparan en la Orden Ejecutiva 13224, que permite bloquear propiedades y prohibir toda transacción financiera relacionada con individuos o entidades vinculadas al terrorismo.
Las implicaciones son severas. Las propiedades e intereses de los designados que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueadas. Cualquier transacción directa o indirecta que involucre a estas personas es ilegal sin una licencia específica.
La violación de estas sanciones puede conllevar sanciones civiles o penales, incluso para personas o instituciones extranjeras. OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha advertido que los bancos internacionales que colaboren con el Cartel de los Soles se exponen a represalias, incluyendo la pérdida de acceso al sistema financiero estadounidense.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press.
