Asunción (AFP) – Un fiscal muerto a tiros por sicarios mientras pasaba su luna de miel en Colombia, el alcalde de una ciudad fronteriza con Brasil acribillado a las puertas de su despacho. La acción del crimen organizado conmociona a Paraguay, un país bajo amenaza.
«El crimen organizado paga a políticos, paga a parlamentarios, paga a la Fiscalía, al Poder Judicial y a las diferentes autoridades», protestó recientemente con una cierta impotencia el presidente Mario Abdo Benítez.
El mandatario se hizo eco de la conmoción ciudadana que dejó el asesinato del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, de 45 años, el 10 de mayo en Colombia. Y la muerte una semana después del alcalde José Carlos Acevedo, de 51, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Días antes de su asesinato, el alcalde había criticado con amargura que los mafiosos «andan armados y nadie hace nada. ¿Cómo pueden andar armados por la calle con AR-15 o con AK-47? (…) Nosotros sabemos mucho. La ciudadanía sabe lo que pasa acá y la Policía no sabe, la Fiscalía no sabe».
El fiscal Pecci acumulaba pruebas en procesos sobre delincuentes capturados pertenecientes a las organizaciones criminales de origen brasileño Primeiro Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), así como de los lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera con Brasil y Argentina.
Tres de estos últimos fueron condenados a la extradición a Estados Unidos, acusados de inyectar capitales al movimiento armado chiita Hezbolá.
Capos brasileños –
En 2017, fue extraditado a Brasil el «barón de la droga» Jarvis Ximenes Pavao, quien vivía en una celda especial de lujo -con jacuzzi incluido- en la principal cárcel de Asunción antes del traslado a su país.
Un año antes, en 2016, en una guerra entre pandillas, cayó asesinado a balazos en una calle céntrica de Pedro Juan Caballero el brasileño-libanés Jorge Rafat, líder del narcotráfico.
Pero el más temible de todos, Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias «Minotauro», sindicado como líder del PCC en la frontera paraguayo-brasileña fue capturado en su departamento de Camboriú en 2019 en un procedimiento conducido por Pecci.
Una de las líneas de investigación del asesinato de Pecci apunta al Minotauro.
Carlos Alberto de Lima Da Silva, alias «Cascao», uno de los líderes del grupo criminal Comando Vermelho, que opera desde las favelas de Rio de Janeiro, fue capturado y entregado a las autoridades brasileñas también en 2019.
Cielos abiertos –
El criminólogo Juan Martens advierte que Paraguay, tradicionalmente productor de marihuana, ha pasado a ser también un país distribuidor de drogas.
«Nos hemos convertido en el centro regional de distribución de cocaína andina. A partir de Paraguay, se envían las partidas por los puertos de Buenos Aires y Montevideo a Europa», dijo a la AFP al explicar que el fenómeno se produce «porque el cielo está abierto. No hay control».
Actualmente el Congreso estudia la aprobación de alguna modalidad de control y veda aérea, mientras que los militares reclaman equipamiento tecnológico, como radares y aeronaves.
El país, con una superficie de 406.000 kms cuadrados, en los que apenas viven 7,3 millones de habitantes, «está situado en una región estratégica para las operaciones de contrabando y narcotráfico», destacó Arnaldo Giuzzio, exjefe antidrogas y exministro del Interior.
Es «una isla de tierra para los traficantes de Colombia, Bolivia y sobre todo Argentina y Brasil», sostuvo.
Homicidios en la frontera –
La Policía antidrogas quemó 600 toneladas de marihuana solamente la semana pasada, tras ocho días de campaña, cerca de Pedro Juan Caballero. Se desmantelaron 86 campamentos de empacamiento de droga y se eliminaron 183 hectáreas de plantíos, según Francisco Ayala, portavoz de la Secretaría antidrogas.
El funcionario estimó que 80% de la droga producida en esa región se dirige a Brasil a través del CV y del PCC.
Reflejo del tráfico de drogas, la tasa de homicidios en el departamento de Amambay, en la frontera con Brasil y cuya capital es Pedro Juan Caballero, fue en 2020 superior a 70 por cada 100.000 habitantes, diez veces más que el promedio nacional, según cifras del Ministerio del Interior.
En lo que va de año, la Policía antidrogas destruyó 1.022 hectáreas de marihuana e incautó 362 toneladas de la droga preparada para la venta. «Estas acciones permitieron sacar de circulación un total de 3.428 toneladas de marihuana, ocasionando un golpe por valor de casi 103 millones de dólares a los narcotraficantes», dijo Ayala a la AFP.
Además, se confiscaron 2.249 kilos de cocaína, valuados en 15,7 millones de dólares.
