Ciudad de Panamá (AFP) – La destrucción de centenares de escuelas por el paso de los huracanes Eta e Iota ha provocado que muchas niñas hondureñas hayan tenido que buscar empleo para salir de la pobreza, poniendo en riesgo su seguridad y su futuro, denunció este martes una organización humanitaria con sede en Panamá.

El futuro de las niñas en Honduras es «incierto», está «en vilo» y se encuentra «en alto riesgo», señaló en un comunicado la ONG Plan Internacional.

La inquietud se produce porque más de 500 escuelas fueron destruidas o parcialmente dañadas luego del paso de los huracanes en noviembre, lo que sumado a la suspensión de clases por la pandemia del covid-19, podría provocar una alta deserción escolar.

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Además, muchas niñas se han visto obligadas a buscar trabajo para aliviar la precaria situación económica de sus familias, lo que compromete su futuro y las hace más vulnerables a la pobreza, la violencia y a tener embarazos precoces y no deseados.

La cuarentena por el covid-19 «ya puso a las niñas en una situación crítica frente a su continuidad educativa» y ahora «el riesgo es mucho mayor porque no hay escuelas donde retornar ya que muchas están destruidas», dijo Carmen Amaya, directora interina de Plan Internacional Honduras.

Esta ONG también advierte que, entre las 96.000 personas que aún se mantienen en albergues, hay niñas que viven bajo «un riesgo de protección muy alto» por estar «en condiciones inapropiadas» y «expuestas a acoso y abuso sexual» en estos lugares.

Plan Internacional anticipa, además, que la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, hará que muchas niñas busquen migrar en busca de un mejor futuro.

Daños de Eta e Iota en Honduras superan los USD 1.800 millones

«Para quienes deciden migrar, ya sea solas o con sus familias el camino tampoco es fácil», indicó Amaya.

«Migrar supone no solo dejar la escuela sino exponerse a múltiples formas de violencia» a lo largo de la ruta y «llegar a un destino incierto», dijo Amaya.

En Honduras, los huracanes Eta e Iota provocaron la muerte, en noviembre, de cerca de un centenar de personas y afectaron a casi la mitad de sus 9,5 millones de habitantes.

Además, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), estimó las pérdidas por un monto superior a los 1.800 millones de dólares.

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