Ciudad de Guatemala (AFP) – El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, demandó este jueves en Guatemala a los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica frenar el «éxodo» de migrantes ilegales a su país, al considerar que amenazan la seguridad de los estadounidenses.

«Les digo con gran respeto a los presidentes aquí reunidos que este éxodo tiene que terminar, es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y, como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra», declaró Pence en el Palacio Nacional de la capital guatemalteca.

Pence se reunió con los presidentes Jimmy Morales de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras y Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, en momentos críticos debido a la política de «tolerancia cero» que Washington aplica contra los inmigrantes ilegales, que provocó además la separación de más de 2.000 niños de sus padres, detenidos al cruzar la frontera.

El vicepresidente de Estados Unidos señaló que de los miles de centroamericanos que llegan a su país en busca de asilo, «son pocos los que están escapando de una persecución» por violencia.

«La mayoría (de migrantes) están buscando mejores oportunidades económicas creyendo que pueden no cumplir las leyes de Estados Unidos y entrar a nuestro país sin consecuencias», advirtió Pence.

El norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Los tres países sufren la violencia provocada por el narcotráfico y las pandillas dedicadas a la extorsión y el sicariato.

Pence aseguró que «entre la ola de migrantes» que llegan a Estados Unidos hay miembros de las pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13), perseguida por la administración del presidente Donald Trump.

– Solo se aceptan legales –

Ante la crisis de la separación de familias migrantes, Pence pidió a la población de los tres países abstenerse de viajar sin papeles y utilizando traficantes de personas, conocidos como «coyotes».

«No pongan en juego su vida y la vida de sus hijos. Quédense en sus hogares, en su patria», insistió el funcionario.

«Vengan legalmente, si no, no lo hagan», sentenció al exigir a los gobernantes centroamericanos «tomar acciones más urgentes que en el pasado» para detener la migración ilegal con campañas contra las redes de tráfico de personas.

Pence hizo «solicitudes específicas» a cada país, como el aumento de personal de inteligencia para atacar a las pandillas en el caso de El Salvador.

A Guatemala le pidió iniciar una campaña para «disuadir» la migración ilegal, mientras que a Honduras le requirió aumentar la cantidad de policías en sus fronteras.

– Atacar la raíz –

El presidente hondureño Hernández, dijo por su parte que la solución es «retomar el concepto» de «atacar la raíz» del «monstruo de mil cabezas y varias caras» que genera la salida de centroamericanos, como el narcotráfico, el mercado negro de armas y el tráfico de personas.

Sánchez Cerén agregó que, tras la reunión, se espera obtener «propuestas concretas» para disminuir el flujo de migrantes, mientras que Morales pidió a Estados Unidos hablar de una reforma integral migratoria.

Morales aprovechó para reiterar el pedido a Estados Unidos para que otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS, sigla en inglés) para inmigrantes guatemaltecos radicados en ese país, tras la tragedia por la erupción del volcán de Fuego que el pasado 3 de junio sepultó una aldea y ha dejado 112 muertos, 197 desaparecidos y miles de evacuados.

La llegada de Pence no fue bien recibida en Guatemala por organizaciones sociales que rechazan el endurecimiento del trato a los migrantes.

«(Pence) vino a reafirmar que no existe voluntad política de cambiar» la situación para los migrantes en Estados Unidos, dijo a la AFP el sacerdote católico Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante de Guatemala y El Salvador.

El religioso indicó que Pence y su gobierno desconocen la realidad en el norte centroamericano y que si «los millones que gastan para levantar muros» los destinaran «para el desarrollo económico» al sur de la frontera, la migración ilegal acabaría «en dos o tres años».