Ciudad de Guatemala (AFP) – Presos de la pandilla Barrio 18 liberaron este viernes a una veintena de guardias que mantenían como rehenes desde el miércoles en la cárcel «El Infiernito» de Guatemala, como reclamo por el traslado de sus líderes a otros penales.

«A las 03H30 locales (09H30 GMT) fueron liberados. Todos se encuentran bien, ya fueron evaluados», dijo a la AFP una funcionaria del área de Comunicación del Sistema Penitenciario (SP).

Aunque el jueves la institución informó que los pandilleros mantenían como rehenes a 17 guardias -tras la liberación por la mañana de la única mujer agente penitenciaria del grupo- se «confirmó» que eran 23 las personas retenidas, entre ellas un enfermero, agregó la fuente.

La liberación ocurrió «sin violencia», indicó la funcionaria, sin precisar los acuerdos alcanzados para la liberación del personal del Centro de Alta Seguridad Canadá, nombre oficial de la cárcel ubicada en el sureño departamento de Escuintla.

Marco Cabrera, representante del ombusdman en Escuintla, explicó el jueves a la AFP que los presos retuvieron a los guardias la noche del miércoles para demandar a las autoridades el retorno de varios líderes de la pandilla trasladados a otras prisiones del país.

En la cárcel se encuentran recluidos 210 reos del Barrio 18, según registros oficiales.

En septiembre de 2020, las fuerzas de seguridad liberaron del mismo penal a 10 agentes del Sistema Penitenciario que pandilleros del Barrio 18 tomaron como rehenes en represalia por el traslado de unos 40 líderes a una cárcel capitalina.

En esa ocasión, los pandilleros fueron reubicados, en un intento por frenar el cobro de extorsiones que se dirigían desde prisión.

La pandilla Barrio 18, junto a su antagónica Mara Salvatrucha, se dedica principalmente a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros. Trabajadores de comercios, chóferes o ayudantes de autobuses han sido asesinados por incumplir el pago.

Según las autoridades, las pandillas y el narcotráfico son responsables de casi la mitad de las 3.500 muertes violentas que ocurren cada año en el país.

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