La Paz (AFP) – Tras casi una semana de una huelga opositora, el gobierno de Bolivia suspendió las exportaciones de seis alimentos a partir de este jueves para evitar un posible desabastecimiento.
Las autoridades decidieron la noche del miércoles «suspender temporalmente la exportación de soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res» porque «existe un riesgo de desabastecimiento e incremento de los precios de la canasta familiar», detalló en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.
Los principales compradores de derivados de soya de Bolivia son Colombia, Perú, Ecuador y Chile, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de la carne bovina, se trata de China, Perú y Ecuador.
La región de Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la oposición, mantiene una huelga indefinida contra el Gobierno del izquierdista Luis Arce para exigir un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe.
Huanca responsabilizó al gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, y a líderes sociales y empresariales que encabezan las protestas de «las consecuencias de la paralización del sector productivo y de atentar contra la seguridad alimentaria».
Sin embargo, la ley boliviana solo permite exportar el excedente de la producción de alimentos necesaria para abastecer al mercado local.
El jefe de la bancada de diputados del partido opositor Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo en Twitter que la medida es «un acto ladino de represalia y amedrentamiento disfrazado de aparente seguridad alimentaria».
La huelga comenzó el sábado, con enfrentamientos entre detractores y seguidores del Gobierno que dejaron un muerto y que fue objeto de una condena por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
«No nos consideran bolivianos» –
Santa Cruz, pujante región ubicada en el este del país, lidera las movilizaciones para que el censo se realice en 2023 y sus resultados se conozcan antes de las próximas elecciones, en 2025.
El gobierno de Bolivia, que había programado el censo para noviembre próximo, decidió postergarlo hasta 2024, lo que impediría procesar los nuevos datos antes de los comicios.
La representación en el Congreso y la partida presupuestal del Estado que recibe cada departamento de Bolivia depende de su población. Por eso Santa Cruz, el más poblado del país, reclama actualizar los datos. El último censo se hizo hace más de diez años.
Tras una infructuosa negociación inicial, Arce convocó para el viernes una reunión con gobernantes de todas las regiones del país en la ciudad central de Cochabamba para encontrar «una solución definitiva» al conflicto.
Pero Camacho, que había aceptado la invitación, se retractó y anunció que no asistirá.
«Estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a ir a avalar una reunión de ‘masistas'», afirmó el derechista en un mitín la noche del miércoles, en referencia al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
«Es aquí donde está el conflicto. No nos quieren, no nos consideran bolivianos», agregó, criticando al presidente por el lugar escogido para el encuentro.
Rutas bloqueadas –
Mientras tanto, los manifestantes que encabezan la huelga indefinida continuaban este jueves bloqueando con neumáticos, ramas y banderas nacionales y regionales para impedir el paso en calles y rutas de Santa Cruz. Además, numerosos negocios mantenían sus puertas cerradas.
«Estamos acá para pedir que se haga el censo, que es algo que necesitamos todos», dijo el miércoles a la AFP Carolina Pérez, ingeniera comercial de 32 años, parada junto a una montaña de arena que bloqueaba el tránsito vehicular.
Arce, delfín del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019), enfrenta el primer conflicto social de envergadura desde que asumió el cargo hace dos años.
Los últimos enfrentamientos violentos se registraron en Bolivia a fines de 2019, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y opositores de derecha denunciaron que Morales había cometido fraude en su reelección para un cuarto mandato.
La represión policial y militar, sumada a la violencia en las calles entre seguidores y opositores del líder indígena que luego renunció, dejó decenas de muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
