Sacramento (California).- Una propuesta destinada a reforzar la protección de menores víctimas de abuso superó ambas cámaras de la Legislatura de California y fue enviada al gobernador Gavin Newsom para su consideración.
La AB 2304, conocida como Ley Gabriel, establece que un trabajador social debe asegurarse de que un menor reciba atención médica adecuada cuando parezca necesitar asistencia médica, quirúrgica u otro tratamiento correctivo de emergencia.
La medida también aclara que los trabajadores sociales que falsifiquen o manipulen deliberadamente registros oficiales pueden enfrentar responsabilidad conforme a la legislación vigente.
El proyecto lleva el nombre de Gabriel Fernández, el niño de ocho años cuya muerte hace más de una década expuso fallas en el sistema de bienestar infantil. El caso volvió a recibir atención nacional en 2020 mediante la serie documental «The Trials of Gabriel Fernandez».
Atención médica ante señales de una emergencia
La primera disposición de AB 2304 se concentra en la respuesta cuando un menor parece necesitar atención inmediata.
El trabajador social tendría que asegurarse de que el niño reciba la asistencia médica, quirúrgica o correctiva que corresponda a la emergencia observada.
La iniciativa conecta esa obligación con las responsabilidades de quienes intervienen directamente en casos de protección infantil. Su objetivo es convertir la necesidad visible de atención urgente en una acción concreta dentro del proceso de supervisión.
La segunda disposición se dirige a la integridad de los expedientes oficiales. El proyecto aclara la aplicación de las normas existentes cuando un trabajador social altera o falsifica deliberadamente la documentación de un caso.
Ambos componentes responden a fallas identificadas a partir de la muerte de Gabriel Fernández.
Una propuesta presentada durante varios periodos legislativos
El asambleísta Tom Lackey, republicano de Palmdale, impulsó diferentes versiones de la medida a lo largo de varios años.
Los intentos anteriores incluyeron AB 1911 en 2018; AB 1450 durante el periodo 2019-2020; AB 31 en 2021; AB 2654 en 2022; y AB 1544 en 2023.
La aprobación de AB 2304 en las dos cámaras coloca por primera vez esta versión del proyecto ante el gobernador.
«La historia de Gabriel no puede convertirse simplemente en otra tragedia que recordamos», afirmó Lackey.
El legislador indicó que la responsabilidad pública consiste en aprender de lo sucedido y fortalecer las protecciones de los niños que no pueden protegerse por sí mismos.
«Estamos un paso más cerca de convertir esa promesa en realidad y espero que el gobernador se una a nosotros para llevarla a término», añadió.
El caso que impulsó la reforma
La muerte de Gabriel Fernández puso bajo escrutinio las decisiones y omisiones de las instituciones encargadas de protegerlo.
Jonathan Hatami, fiscal adjunto que procesó el caso, respaldó la iniciativa como un paso para prevenir que otros menores sufran un desenlace semejante.
«Nosotros, como sociedad, siempre debemos hacer todo lo posible para proteger a los niños vulnerables antes de que se pierdan vidas inocentes», afirmó Hatami.
El fiscal describió la Ley Gabriel como un avance dentro de una tarea más amplia de protección infantil.
«Siempre hay más trabajo por hacer y continuaremos nuestra batalla para proteger a los niños», señaló.
Las reformas propuestas se concentran en dos momentos críticos: la atención inmediata cuando existen señales de una emergencia médica y la exactitud de los registros utilizados para documentar las actuaciones del sistema.
La decisión pasa al gobernador
Después de superar la Asamblea y el Senado estatales, AB 2304 queda a consideración del gobernador.
La propuesta no crea una descripción general de nuevas funciones para todo el sistema de bienestar infantil. Sus cambios se enfocan específicamente en la respuesta médica de emergencia y la responsabilidad por la manipulación consciente de expedientes oficiales.
Para Lackey y quienes participaron directamente en el caso de Gabriel, el avance legislativo representa la culminación de varios intentos por incorporar esas protecciones a la ley estatal.
La medida conserva el nombre del niño como referencia al caso que motivó el esfuerzo y vincula su legado con obligaciones concretas para quienes intervienen en la seguridad y atención de menores vulnerables.
Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press.
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