Sacramento (California).- Lyft pagará 272.5 millones de dólares, más los intereses acumulados, para resolver acusaciones de clasificación errónea de conductores en California. El 87% del monto se destinará directamente a los conductores, anunció la Oficina de la Comisionada Laboral de California junto con autoridades estatales y locales.

La restitución corresponde a presuntas violaciones ocurridas entre el 6 de abril de 2016 y el 15 de diciembre de 2020. El acuerdo no exige que Lyft reclasifique a sus conductores en el futuro ni contempla compensación por trabajo realizado después del periodo cubierto.

Los pagos quedarán a cargo de un administrador externo que se comunicará con las personas que reúnan los requisitos. Su sitio web, correo electrónico y centro telefónico todavía no han sido anunciados. La Oficina de la Comisionada Laboral indicó que esos recursos se darán a conocer próximamente.

El 87% del acuerdo irá directamente a los conductores

Las autoridades calificaron la resolución como el mayor acuerdo sobre salarios y horas de trabajo en la historia de California. La suma busca resolver acusaciones de que Lyft trató a los conductores como contratistas independientes y les negó protecciones exigidas por la legislación estatal vigente durante el periodo investigado.

La distribución incluye fondos adicionales para más de 1,600 conductores que presentaron reclamos de sueldo mediante el proceso administrativo de la Oficina de la Comisionada Laboral. La agencia destinará a esas personas los 5.45 millones de dólares correspondientes a su parte de las multas pagaderas al estado.

Además, para quienes presentaron reclamos de sueldo, se aplicará un multiplicador que duplicará las millas utilizadas en el cálculo de su pago. La resolución distingue así a los conductores que participaron en ese proceso administrativo.

«Este acuerdo se centra en los trabajadores que se levantaron y alzaron la voz. Sus voces hicieron posible este resultado», afirmó la comisionada laboral Lilia García-Brower. La funcionaria señaló que su oficina renunciará a la parte que le corresponde para dirigir esos recursos a los conductores que presentaron reclamos.

Los reclamos abarcan salarios, gastos y descansos

La Oficina de la Comisionada Laboral presentó la demanda contra Lyft en el Tribunal Superior del Condado de Alameda en agosto de 2020. La acción sostuvo que los conductores debieron ser clasificados como empleados conforme a la ley estatal aplicable en ese momento.

Entre las protecciones que presuntamente se les negaron figuran el salario mínimo, el pago de horas extra y las primas por periodos de descanso. También se alegaron incumplimientos relacionados con reembolso de gastos de trabajo, comprobantes de pago con información exacta y pago oportuno de salarios.

La demanda incluyó horas de enfermedad pagadas y otras protecciones laborales. Esas acusaciones constituyen el fundamento del acuerdo económico anunciado por las autoridades; la resolución aborda el periodo delimitado, no todo el trabajo realizado en la plataforma.

Rideshare Drivers United ayudó a comunicar las inquietudes de los conductores a la agencia y los apoyó en la presentación de reclamos de sueldo contra Lyft hasta 2020.

La Propuesta 22 delimita el alcance de la resolución

En noviembre de 2020, los votantes de California aprobaron la Proposición 22. La medida estableció reglas de clasificación separadas para conductores que trabajan mediante aplicaciones y cumplen determinados requisitos.

La Oficina de la Comisionada Laboral explicó que esas reglas entraron en vigor después del periodo cubierto por el caso. Por ello, la restitución no incluye trabajo posterior y el acuerdo no impone una reclasificación futura de los conductores.

La demanda laboral se incorporó a un procedimiento coordinado con una acción presentada por el fiscal general de California y los abogados de las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco. También se sumaron demandas privadas bajo la Ley de Fiscales Generales Privados de California, conocida como PAGA.

Los casos quedaron coordinados en el Tribunal Superior de San Francisco en septiembre de 2021. El acuerdo anunciado resuelve las acusaciones dentro de ese conjunto de acciones.

El administrador contactará a quienes puedan recibir restitución

El dinero de la restitución se depositará en un fondo administrado por un tercero. Ese administrador deberá establecer canales para informar y responder preguntas de conductores que crean tener derecho a recibir un pago.

Por ahora, no se han difundido esos canales ni los detalles adicionales de los recursos de atención. La agencia prevé que el administrador contacte directamente a las personas elegibles.

Para preguntas sobre las leyes laborales que supervisa, la Oficina de la Comisionada Laboral dispone del 833-526-4636, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. La institución afirma que las leyes laborales de California protegen a trabajadores de la mayoría de las industrias sin importar su estatus migratorio.

Las personas que presentan reclamos de sueldo o denuncias por represalias no están obligadas a revelar ese estatus. La oficina tampoco lo pregunta a quienes solicitan asistencia o protección bajo las leyes laborales estatales.

Este artículo fue elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y revisado por un editor de Hispanos Press

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