Ciudad de Guatemala (AFP) – La exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana aseguró que su exclusión de las elecciones presidenciales del próximo domingo fue orquestada por un sistema defensor de la impunidad que la vio como «un estorbo» para sus intereses ilícitos.
«Yo era la única en ese momento con posibilidades reales de competir con la vieja política. Yo era el estorbo en ese momento», dijo Aldana en entrevista telefónica con la AFP desde un lugar no revelado en el extranjero, después de que saliera de Guatemala temiendo por su vida.
La exfiscal, protagonista de una inédita lucha contra la corrupción en 2015, fue sacada de la carrera presidencial en mayo por el Tribunal Constitucional ante denuncias de irregularidades en su gestión al frente del Ministerio Público (2014-2018).
En ese momento, Aldana disputaba el segundo puesto en las encuestas con la exdiputada Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, y que también fue vetada de participar por una prohibición de la Constitución.
Con la salida de ambas, los sondeos pronostican un balotaje entre la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres y el médico derechista Alejandro Giammattei el 11 de agosto.
Para la exfiscal, su expulsión de la contienda es «una venganza» de las estructuras criminales «de todo nivel» que combatió de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU único en el mundo.
«Es evidente la sed de venganza que tienen por el trabajo que como fiscal general realicé (…) Realicé un trabajo de investigación especialmente de la mano de la Cicig contra estructuras criminales poderosas en Guatemala de todo nivel y lo que ahora sucede es que estas estructuras se quieren vengar», añadió.
Ahora teme que regresar a Guatemala sería su sentencia de muerte por las constantes amenazas que recibe.
– El plan –
La exfiscal salió de Guatemala rumbo a El Salvador en marzo pasado, luego de que el juez Víctor Cruz ordenó su captura por la presunta contratación irregular de un capacitador para el Ministerio Público.
Aldana señaló que la Contraloría General de Cuentas presentó una «denuncia espuria» que tuvo eco en la fiscalía, ahora a cargo de Consuelo Porras, y con el sistema judicial «al servicio de la vieja política», respondió.
«Todos delinquiendo para sacarme de la contienda (…). Se puso de manifiesto evidentemente cómo instituciones capturadas funcionan en contra de una persona que nada más quería participar para darle otra opción a la población», afirmó Aldana.
La exfiscal competía por el partido de centroizquierda Movimiento Semilla, surgido de las protestas callejeras de 2015 tras la revelación de una estafa en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015).
Aldana y la Cicig fueron los responsables de destapar ese caso.
Después de estar en El Salvador, donde dice que fue «perseguida», Aldana viajó a Estados Unidos.
«El plan es llevarme a prisión y allí justificar que cualquier delincuente, por el trabajo que realicé, me va matar», declaró Aldana sin revelar su ubicación actual.
«Yo he estado en algunos países donde me he tenido que quedar de improviso, justamente por las diversas amenazas en mi contra», agregó.
Las «estructuras criminales» que la persiguen, detalló, funcionan como una «pirámide, con jefes, operadores y peones».
Sin entrar a identificar a los «jefes», señaló como peones a su sucesora Porras y «a algunos» magistrados del tribunal electoral, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país.
«Se han convertido en peones de los operadores de la oscuridad», denunció.
– Recuperar el Congreso –
Aldana no apoya a ninguno de los candidatos a la presidencia, pero ha llamado a votar por los aspirantes a diputados y a las alcaldías de su partido.
«Necesitamos recuperar el Congreso y la gente de Semilla que se ha postulado llena los requerimientos de honorabilidad y de conocimiento de la realidad del país, y entonces mi apoyo desde este momento es para el partido político Semilla», declaró.
La exfiscal fue reconocida el año pasado por su lucha contra la corrupción con el premio Rights Livelihood, el llamado «Nobel Alternativo», junto con el exjuez colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, quien tiene prohibido regresar a Guatemala por orden del presidente Jimmy Morales.
Aldana y Velásquez pidieron en dos ocasiones investigar a Morales por sospechas de corrupción en su campaña, pero el Congreso ha evitado retirar sus fueros. La respuesta del gobernante fue apresurar el cierre de la Cicig.
La exfiscal urgió la continuidad de la Cicig, que concluye sus labores en septiembre, al precisar que las instituciones locales no pueden funcionar por estar atrapadas por «redes político-económicas ilícitas».
