Bogotá (AFP) – Colombia, el principal destino del éxodo venezolano, anunció este lunes que regularizará a casi un millón de indocumentados que llegaron huyendo de la crisis de Venezuela, una decisión que fue muy valorada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Aunque en Colombia viven cerca de 1,7 millones de estos migrantes, más de la mitad (56%) no tiene papeles.

«Hacemos pública la decisión (…) de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país», afirmó Duque en una declaración en Bogotá junto al enviado de Acnur, Filippo Grandi.

El mandatario explicó que los venezolanos contarán con un estatuto de protección temporal por diez años, tiempo en el cual podrán tramitar una visa de residentes si deciden quedarse en el país.

El proceso arrancará con el registro oficial de los migrantes en el que se incluirá sus «lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto, también estarán en un registro biométrico», especificó Duque.

Quienes ingresen regularmente durante los próximos dos años podrán acogerse al mismo beneficio.

Para el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, el amparo a los indocumentados «es una medida muy audaz».

«Se deja de ver al fenómeno como algo de corto plazo, recordemos que hasta hace muy poco el discurso gubernamental se basaba en tomar medidas temporales, siempre con la dinámica de que todo se resolvería cuando cayera el régimen de (Nicolás) Maduro», explicó el experto a la AFP.

Por su parte Rachel Schmidtke, abogada de la ONG Refugees International, aseguró que la decisión «marca un punto de inflexión para la integración de los venezolanos en Colombia».

Migrantes y vacunas –

El anuncio de regularizar a los venezolanos se dio después de que, en diciembre, el presidente Duque recibiera duras críticas por su intención de excluir a los indocumentados del proceso de vacunación masiva contra el coronavirus que iniciará el 20 de febrero.

El mandatario echó para atrás y decidió en su lugar pedir ayuda internacional para suministrar vacunas a los migrantes en condición irregular.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, celebró la nueva política migratoria de su aliado y aseguró en Twitter que su país trabaja para «expandir programas humanitarios en todo el mundo».

El país sudamericano de 50 millones de habitantes es uno de los más castigados de la región por la pandemia del covid-19. Con más de 2 millones de contagios es el segundo con más casos, solamente por detrás de Brasil, y el tercero con mayor número de muertes (56.200).

Grandi y Duque coincidieron en que la regularización de los migrantes permitirá una mayor cobertura en la vacunación.

El jefe de Acnur recordó que la población venezolana es particularmente vulnerable pues «trabaja en su mayoría en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación».

«Dictadura en Venezuela» –

Sin relación diplomática, Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 km, cerrada desde marzo de 2020 por la pandemia.

Según el presidente Duque, la nueva política le «cierra la puerta a quienes pretenden por trochas llegar» al país.

El mandatario destacó además los «beneficios de seguridad nacional» que traerá la medida, porque se podrá identificar a los extranjeros que cometan delitos para sancionarlos.

«Pero en términos humanitarios» significa que los venezolanos tendrán «igualdad de derechos» en el país, añadió.

Durante el gobierno de Donald Trump, Colombia secundó a Estados Unidos en la presión para sacar a Maduro del poder, pero el dirigente chavista se mantiene con el apoyo de las fuerzas armadas, Rusia, Cuba y China.

Con Joe Biden, el gobierno de Colombia acordó seguir trabajando para la restauración de la democracia en la otrora potencia petrolera.

«Los países tenemos que reflexionar sobre cómo le ponemos fin a la dictadura en Venezuela», insistió Duque.

Naciones Unidas calcula que en el país están el 34% de los cinco millones de venezolanos que han salido de su territorio.

Con esta medida «las personas venezolanas desplazadas (…) se beneficiarán de una mayor protección, seguridad y estabilidad, mientras están fuera de su país», concluyó el jefe de Acnur.

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