Continúa ola de violencia en Nicaragua y EEUU advierte al gobierno de Ortega
Funeral del joven de 21 años Bryan Picado, quien murió durante un enfrentamiento con miembros de las Fuerzas Especiales de Nicaragua en el vecindario Sandino, en Jinotega, el 24 de julio de 2018 © AFP MARVIN RECINOS

Managua (AFP) – El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, denunció este martes la violencia «patrocinada por el Estado» en Nicaragua, mientras otras cinco personas murieron en medio del caos que envuelve al país centroamericano.

«La violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua es innegable. La propaganda de Ortega no engaña a nadie y no cambia nada. Más de 350 muertos a manos del régimen. Estados Unidos pide al gobierno de Ortega que ponga fin a la violencia AHORA y celebre elecciones anticipadas: ¡el mundo está mirando!», escribió Pence en su cuenta en Twitter.

El tuit de Pence se refiere a la entrevista a Ortega realizada por la cadena estadounidense Fox News y emitida el lunes por la noche en Estados Unidos.

En el fragmento de la entrevista mencionado por Pence, Ortega rechazó las acusaciones de que su gobierno controla grupos paramilitares progubernamentales que han sido vistos actuando en acuerdo con la policía.

Los comentarios de Pence se producen horas después de que se conoció que cinco personas, incluyendo una brasileña estudiante de medicina, murieron en incidentes de violencia que involucran a fuerzas del Estado.

La brasileña Raynéia Lima, de 32 años, cursaba el último año de medicina y recibió disparos cuando se dirigía en vehículo a su residencia en el suroeste de Managua hacia la medianoche del lunes, dijo a la AFP, el rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.

Los hechos ocurrieron en el residencial Lomas de Monserrat, donde, según testigos, paramilitares dispararon a su automóvil. Lima fue llevada por su novio al hospital pero las «heridas eran fatales» y falleció la madrugada de este martes, señaló Medina.

Una bala le habría perforado el hígado y murió cuando era intervenida en el Hospital Militar de Managua, según información del canal 100% Noticias.

En tanto, cuatro personas murieron en Jinotega, 162 km al norte de Managua, en un operativo de fuerzas combinadas de la policía y paramilitares entre la noche del lunes al martes, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las acciones de las fuerzas progubernamentales, que continuaban el martes en Jinotega, dejaban «numerosos» heridos, dijo a la AFP el activista de Cenidh Juan Carlos Arce.

– Tensión con Brasil –

La estudiante brasileña, que residía desde hace seis años en Nicaragua, era originaria del estado nororiental de Pernambuco y realizaba su internado en el hospital de la policía Roberto Huembes, dijo el rector Medina, quien era uno de sus profesores en la UAM.

Su caso generó tensión con el gobierno de Brasil, que expresó en un comunicado su «profunda indignación» y condenó la «trágica muerte» de Lima, además de indicar que está buscando «aclaraciones» del gobierno de Nicaragua sobre las circunstancias en que se registró el fallecimiento.

Posteriormente llamó a consultas a su embajador en Managua, Claudio Villafañe Gomes Santos, y convocó a la embajadora de Nicaragua en Brasilia, Lorena del Carmen Martínez, para dar su versión de los hechos.

Brasil también demandó en un comunicado que se hagan los esfuerzos necesarios para identificar y castigar a los responsables del «acto criminal».

La policía se deslindó de la responsabilidad y atribuyó la muerte de la brasileña a un vigilante privado.

«Un guarda de vigilancia privada, en circunstancias aún no determinadas, realizó disparos con arma de fuego, uno de los cuales le impacto (a Lima) ocasionándole heridas», según un comunicado de la policía.

El responsable de los disparos «está siendo investigado para el esclarecimiento del hecho», agregó.

Brasilia reiteró su condena a la represión de protestas en Nicaragua y al «uso desproporcionado y letal de la fuerza, así como el uso de grupos paramilitares en operaciones con equipos de seguridad», señala el texto emitido en Brasilia.

Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la ley de seguro social, pero derivaron en una demanda de justicia y de la salida del gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.