Choloma (Honduras) (AFP) – Decenas de obreros levantan un emporio industrial en «ciudad modelo Morazán», uno de al menos tres territorios de Honduras autorizados a funcionar con leyes y hasta policía propias. Estados dentro de otro estado, rechazados por la ciudadanía.

Se trata de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Para el gobierno, son espacios que atraen inversiones extranjeras y generan empleo en un país con un 70% de su población en pobreza.

Para la sociedad civil, constituyen demarcaciones que podrían servir de refugio a prófugos de la justicia, evadiendo leyes nacionales.

«La tierra se quiere dividir, se quieren crear estados dentro del propio Estado de Honduras, para crear nuevas leyes, nuevos procesos, nuevas instituciones», consideró la directora ejecutiva del independiente Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Según ella, «no solamente los narcotraficantes sino que los corruptos» quedarán «protegidos» en estos territorios dentro de Honduras.

El CNA, que agrupa a gran parte de la sociedad civil, presentó recientemente una iniciativa ciudadana ante el Congreso para derogar la ley de 2013 que creó las ZEDE.

¿Qué son y cómo funcionan? –

Las ZEDE son impulsadas por el presidente Juan Orlando Hernández y concebidas como «zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional».

Serán lideradas por un secretario técnico, hondureño. Deberán crear sus «órganos de seguridad interna (…), incluyendo su propia policía», según la ley.

También tendrán «tribunales autónomos» y podrán «recaudar sus propios tributos». Aunque prevalece sobre ella la Constitución Política, «en lo que sea aplicable».

Pueden invertir en ellas nacionales y extranjeros.

Por ahora hay tres en construcción: una en Choloma (norte), otra en la paradisíaca Roatán -Islas de la Bahía (Caribe)- y la tercera en San Marcos de Colón (sur). Pero siete departamentos costeros están abiertos a inversionistas, informa el gobierno.

«Ficción jurídica» –

En Choloma, la «ciudad de las maquilas», 190 km al norte de la capital, Tegucigalpa, se edifica uno de esos grandes emporios industriales, contemplados para la exportación de bienes hacia Estados Unidos.

«La ZEDE en Choloma, ante la ley y ante lo que es la autonomía municipal, no existe» porque los dueños «no han hecho ningún trámite en la corporación municipal», reclama el regidor de Choloma, Gustavo Mejía. Pese a ello, la obra avanza.

Hace unos cinco años se anunció «la construcción de una gran maquila, que iba a ser la más grande de Centroamérica. Yo salvé mi voto [abstención] porque iban a botar más de 10.000 árboles», denuncia Mejía.

Los proyectos también implican el desplazamiento de habitantes de las zonas destinadas a nuevas edificaciones.

El poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) llamó a los inversionistas a abstenerse de participar en las ZEDE porque la ley «tiene vicios de inconstitucionalidad».

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«Son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional» y eso es una «ficción jurídica», sentenció.

«La nación no se va a fragmentar» –

Gremios empresariales, profesionales y universidades han publicado manifiestos en contra y en diferentes zonas del país han salido en manifestaciones de protesta.

Pero para el delegado presidencial para las ZEDE, Arnaldo Castillo, se trata solo de «una plataforma de inversión más».

«Es una propiedad privada. ¿Las ZEDE no nos van a dejar pasar por allí? Es mentira. Si la ZEDE tiene un muro, el inversionista va a dejar entrar a quien él quiera, es un pedazo de tierra que él compró», precisa.

«La nación no se va a fragmentar, un pedazo de tierra no se la puede llevar nadie», agrega Castillo, quien integra el estatal Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las ZEDE, que fiscalizará a estos organismos.

¿Refugio de narcotraficantes?-

En San Marcos de Colón (sur), se construye una ZEDE con un proyecto de cultivo de chiles y tomates que empezarán a ser exportados a Estados Unidos desde octubre.

Inició con 34 hectáreas y subirá a 158 en los próximos cuatro años, donde empleará a 2.600 trabajadores.

«Se va a regir por leyes hondureñas. ¿Voy a tener mi propia Corte Suprema? No. Esa es una falacia», dice el estadounidense Víctor Wilson, propietario de AgroAlpha, partícipe del proyecto.

«¿El narco va a necesitar una ZEDE para poner narcolandia? Seamos serios», asegura. Y dice que la policía hondureña siempre podrá entrar, amparada por la ley.

Condenan a cadena perpetua al hermano del presidente de Honduras

Evadir extradiciones –

Pero para el investigador de la CNA, Odir Fernández, las ZEDE «podrán crear normativas que finalmente prohíban o limiten los procesos de extradición que estamos viendo en el país».

El presidente Hernández, cuyo gobierno culmina en 2022, ha sido señalado por un narcotraficante sentenciado en Nueva York de haber recibido su apoyo para exportar droga.

El propio hermano del presidente está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por el mismo delito. Aunque Hernández asegura que las acusaciones son mentiras de capos que su gobierno ayudó a extraditar.

«Estados Unidos no va a permitir que aquí sea un refugio [de narcos], a nosotros como Honduras no nos conviene tampoco», afirma el delegado presidencial Castillo.

La ONU ha hecho un «llamado respetuoso» a Honduras «a que revise la compatibilidad del marco constitucional y legal de las ZEDE con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos».

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