Los Ángeles (California).- Las personas que no puedan costear o conseguir un taquígrafo judicial privado tendrán una nueva vía para preservar el registro de determinadas audiencias en el condado de Los Ángeles. El Tribunal Superior puso en marcha un procedimiento para que una grabación de audio se convierta en el registro textual oficial de actuaciones de derecho de familia, sucesiones y asuntos civiles de cuantía ilimitada cuando no haya un profesional disponible para transcribirlas.
La medida responde a una escasez persistente de taquígrafos judiciales y al riesgo que supone apelar una decisión sin un registro de lo que se dijo durante la audiencia. El tribunal estableció las nuevas reglas mediante la orden general 2026-GEN-016-00, que sustituye y deja sin efecto una disposición de septiembre de 2024.
El juez presidente Sergio C. Tapia II sostuvo que la posibilidad de impugnar decisiones que afectan a la familia, las finanzas o el sustento no debería depender de la presencia de un taquígrafo en la sala. La nueva ruta busca preservar ese registro para que la revisión de una resolución no quede condicionada por el costo de contratar uno por cuenta propia.
El formulario CRSU 39 inicia la solicitud del registro oficial
El procedimiento comprende tres pasos. Primero, la parte interesada debe completar el formulario CRSU 39. Allí tendrá que declarar bajo pena de perjurio que la actuación no fue registrada por un taquígrafo judicial oficial o uno designado temporalmente, y que no podía pagar razonablemente a un profesional privado o que no encontró uno razonablemente disponible.
El segundo paso es presentar el formulario ante el tribunal. Puede hacerse mediante presentación electrónica. Quienes se representen a sí mismos o estén exentos de esa modalidad también podrán entregarlo personalmente en una oficina del secretario judicial.
Antes de poner el audio a disposición para su compra, el tribunal verificará que no hubo un taquígrafo oficial o designado temporalmente que registrara la audiencia. Si sí estuvo presente, la solicitud será denegada y se notificará a la persona solicitante.
El tercer paso requiere acudir al sitio de grabaciones electrónicas dentro de los dos días judiciales siguientes a la presentación del formulario. En ese portal se solicita el audio o una transcripción y se encuentran las instrucciones de registro y compra. La tarifa actual del audio es de 40 dólares; las transcripciones certificadas tienen cargos adicionales.
La grabación no se vuelve pública de manera automática
La orden dispone que todas las actuaciones de derecho de familia, sucesiones y asuntos civiles ilimitados se graben electrónicamente. Sin embargo, los archivos permanecerán bloqueados: no estarán automáticamente disponibles al público ni tendrán por sí solos la condición de registro oficial.
Para que el audio adquiera esa condición, una parte deberá completar el procedimiento establecido. Una grabación de audio tampoco equivale a una transcripción escrita. Son productos distintos, y el tribunal diferencia tanto su solicitud como sus costos.
Cuando un taquígrafo certificado, contratado por el tribunal o por una parte, esté presente para registrar la actuación, la grabación continuará bloqueada. En ese caso, el registro deberá obtenerse a través del profesional por la vía que ya existe.
Solamente las partes y los abogados asociados al caso pueden pedir que la grabación se convierta en el registro oficial mediante este proceso. Las demás personas, incluidos los medios de comunicación, tendrán que presentar una petición al funcionario judicial que presidió la audiencia si buscan acceso a una grabación que no haya sido desbloqueada.
La elegibilidad no exige una exención de tasas judiciales
No será necesario reunir los requisitos para una exención de tasas. Sí habrá que declarar que no era razonablemente posible pagar un taquígrafo privado o conseguir uno disponible para la actuación.
El tribunal recordó que muchas personas capaces de afrontar las tasas habituales de un proceso no pueden pagar un servicio privado de registro, cuyo costo puede llegar a 3.300 dólares diarios.
La Corte Suprema de California reconoció esa diferencia al establecer que los tribunales deben evaluar con flexibilidad la capacidad económica de quienes necesitan el registro.
La nueva orden responde a la decisión unánime emitida el 10 de agosto de 2026 en Family Violence Appellate Project v. Superior Court of Contra Costa County, et al. La Corte Suprema determinó que los tribunales superiores tienen el deber de proporcionar acceso significativo a un registro oficial textual de los procesos civiles para litigantes sin recursos, incluso mediante grabación electrónica cuando no hay un taquígrafo oficial disponible.
La escasez persiste pese a las contrataciones de taquígrafos
Desde octubre de 2024, el Tribunal Superior de Los Ángeles contrató a 87 taquígrafos, pero 74 dejaron la institución durante el mismo período. El saldo fue de 13 profesionales adicionales en dos años. Además, tres cuartas partes de su personal actual de taquigrafía reúnen los requisitos para jubilarse.
El tribunal mantiene programas de contratación, retención y capacitación, así como incentivos económicos y un proyecto de trabajo remoto en el que participan 24 taquígrafos de tiempo completo. Aun así, afirma que no podrá asignar uno a cada audiencia de familia, sucesiones o asuntos civiles ilimitados que requiera un registro.
El nuevo trámite no se aplica a las infracciones, delitos menores, CARE Court y asuntos civiles de cuantía limitada, cuyos registros electrónicos seguirán disponibles por el proceso existente. En los asuntos penales por delitos graves y en los procedimientos de menores continuarán los taquígrafos judiciales, y el registro deberá solicitarse directamente a esos profesionales.
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