Ciudad de Panamá (AFP) – La fiscalía panameña solicitó este viernes enviar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a los que acusa de blanquear capitales provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos millonarios en el país centroamericano.
Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 a 2014.
La investigación «deja claro que Martinelli tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los dineros que estaba recibiendo» de la constructora, dice la vista fiscal leída durante una audiencia previa.
Además, «existió toda una estructura ilícita conformada por Martinelli, quien tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas que llevaba a cabo la empresa Odebrecht para cumplir con las coimas solicitadas dentro de su gobierno», añade la fiscalía.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Brooklyn de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos sobre todo de América Latina para conseguir obras de infraestructuras principalmente.
La empresa reconoció haber pagado en Panamá sobornos por un monto de 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
Los hijos del expresidente, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de la multinacional brasileña mientras su padre era presidente del país.
Sin embargo, el exmandatario asegura que no recibió «ningún real mal habido» y que todo se trata de «un circo político» para evitar que se presente a las elecciones de 2024.
Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la compañía brasileña durante el gobierno de Martinelli «se dieron sobrecostos», por lo que pidió a la jueza de la causa que lo procese «como posible infractor de un delito de blanqueo de capitales».
En Panamá, Odebrecht construyó las dos líneas del metro del área metropolitana, la ampliación del aeropuerto Internacional de Tocumen y varios tramos del paseo marítimo de la capital panameña, entre otras obras millonarias.
Varela, también acusado-
La Fiscalía Especial Anticorrupción también pidió juzgar al expresidente Varela porque «existen suficientes medios probatorios que permiten acreditar la vinculación» del exmandatario «con el delito de blanqueo de capitales».
Varela habría recibido dinero de Odebrecht cuando fungía como presidente del Partido Panameñista (derecha).
Según las acusaciones, el partido del exgobernante habría recibido 10 millones de dólares de la multinacional brasileña para campañas políticas.
Las cuentas, según la fiscalía, fueron creadas «para beneficiar y traspasar fondos a terceras personas como Juan Carlos Varela».
El exmandatario, que fue vicepresidente durante el gobierno de Martinelli, reconoció haber recbido dinero de Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2009, pero no mientras fue presidente del país.
Sin embargo, la fiscalía asegura que Varela también habría recibido pagos «cuando ya mantenía el cargo de presidente constitucional de Panamá» y cuando era vicepresidente, en momentos en que Odebrecht «se beneficiaba con la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas de gran envergadura e impacto social».
«Última oportunidad» para la justicia-
La fórmula Martinelli-Varela, ambos empresarios, arrasó en las elecciones de 2009 con un duro discurso contra la corrupción, se transformaron en enemigo políticos desde 2011, después de que Martinelli cesara a Varela en su cargo de canciller.
Tras su salida del poder, Martinelli ha sido investigado por múltiples escándalos de corrupción, aunque en 2021 fue absuelto por segunda vez en un juicio por espionaje y malversación de fondos públicos durante su mandato.
También se le investiga por la presunta compra de un grupo editorial con dinero público durante su gobierno.
En los últimos cuatro años se han abierto cerca de 30 casos por corrupción en Panamá, pero no han habido condenas contra altos funcionarios o los casos se han caído por fallas en los procesos.
El caso Odebrecht «representa probablemente la última oportunidad para que la impunidad no destruya la democracia», dijo a la AFP la presidenta de Transparencia Internacional de Panamá, Lina Vega.
«Escuchar la vista fue un ejercicio doloroso, al comprobar el grado de descomposición de la sociedad panameña», agregó.
La fiscalía pidió también enjuiciar por el caso Odebrecht a otras 48 personas, entre ellas varios exministros.
«Tenemos pruebas sólidas», declaró a periodistas la Fiscal Superior Anticorrupción, Ruth Morcillo.
