Washington (AFP) – Un juez federal de Washington detuvo la deportación de una madre salvadoreña y su hija este jueves, pero amenazó con sancionar al fiscal general Jeff Sessions por desacato al tribunal luego de que se iniciara el proceso para expulsarlas en medio de su apelación, aseguró la organización de derechos humanos ACLU.
La mujer, referida como Carmen en los documentos de la corte, y su hija, eran parte de un grupo de inmigrantes que habían huido de «violencia sexual extrema y pandillas» en El Salvador, dijo la ACLU, siglas en inglés de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
Tanto la organización como el Centro de Estudios de Género y Refugiados, presentaron una demanda el martes para evitar la deportación, lo que impulsó la realización de una audiencia el jueves.
La ACLU dijo que el juez bloqueó la deportación mientras el caso estaba pendiente. Pero «mientras estábamos en la corte, descubrimos que el gobierno había deportado a una clienta y a su hija pequeña solo algunas horas antes, poniendo sus vidas en peligro», dijo la organización en una serie de tuits.
«Esto contradice directamente el compromiso del gobierno con el tribunal de que NADIE sea removido hasta mañana como muy pronto», agregó.
La organización agregó que el juez ordenó al gobierno que haga «regresar al avión» o enfrente posibles procesos por desacato, «comenzando con el fiscal general».
El juez Emmet G. Sullivan, citado por el diario The Washington Post, calificó la situación de «escandalosa».
«¿Que alguien en busca de justicia en un tribunal estadounidense sea expulsado mientras sus abogados están pidiendo justicia para ella?», dijo.
«No estoy feliz por esto en absoluto».
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional le dijo al canal NBC que el vuelo a El Salvador no pudo regresar, pero Carmen y su hija no abandonaron el avión y regresarán a Estados Unidos.
Según ACLU, Carmen había huido de El Salvador luego de «dos décadas de horribles abusos sexuales por su esposo y amenazas de muerte de una pandilla».
Junto a su hija había buscado asilo en suelo estadounidense en junio de 2018, pero les fue negado porque funcionarios no pensaron que tuvieran un «temor de persecución creíble».
La decisión se tomó después de que el fiscal general Sessions implementó una nueva política que establece que las denuncias de violencia doméstica o de pandillas ya no son suficientes para garantizar la protección de asilo.
