Lima (AFP) – Un tribunal peruano dispuso que el exfiscal general Pedro Gonzalo Chávarry, investigado por delitos de encubrimiento y otros, no podrá salir del país por nueve meses, informó el sábado el Poder Judicial.
«Se ordena impedimento de salida del país por nueve meses contra el exfiscal de la Nación Gonzalo Chávarry Vallejos, investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y otros», señaló el organismo en Twitter.
La orden tiene lugar a raíz de su presunta participación en la sustracción de documentos, el 5 de enero, de una oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez en el marco de una investigación al partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori).
El pedido de impedimento de salida fue presentado el viernes por la nueva fiscal general, Zoraida Ávalos, quien tomó el lugar de Chávarry luego de su renuncia el martes.
Tras asumir el cargo, Ávalos declaró en emergencia al Ministerio Público y ratificó el apoyo a las investigaciones del caso Odebrecht en la lucha contra la corrupción.
Chávarry renunció asediado por las protestas de ciudadanos autodenominados indignados, que le reclaman comparecer ante la justicia por sus presuntos vínculos con la organización criminal judicial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y sus acciones contra los fiscales del equipo especial del caso Odebrecht Rafael Vela y José Domingo Pérez.
La crisis interna en la fiscalía se agudizó el miércoles pasado, cuando los fiscales nombrados para reemplazar a los destituidos Vela y Pérez rechazaron la designación resuelta por Chávarry en solidaridad con sus colegas.
El equipo que dirige Vela tiene a su cargo la investigación que involucra a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta una petición de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011), quien buscó sin éxito asilo en la embajada de Uruguay; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
Chávarry es cuestionado porque se considera que el cese de Vela y Pérez boicoteaba un acuerdo judicial de colaboración eficaz (delación premiada) entre las fiscalías brasileña y peruana para que los ejecutivos de Odebrecht aporten las pruebas documentales de presuntos pagos a políticos locales a cambio de favores.
